Durante el caso, el fiscal asignado presentó 50 testimonios y 16 pruebas documentales que evidenciaron cómo los sentenciados operaron en diferentes grados en el envío de droga desde Ecuador a Europa.
Las redes criminales lideradas por albaneses se infiltraron en los puertos, el poder judicial, el sistema penitenciario y las fuerzas de seguridad del Ecuador para hacerse con el control de eslabones clave de la cadena de suministro de cocaína.
El caso Pampa es producto de una colaboración entre las autoridades ecuatorianas y españolas que derivó en un operativo conjunto realizado a inicios de febrero donde fueron detenidas 30 personas.