Por otorgar la libertad a tres miembros de la mafia albanesa, el exjuez de Valencia, en Los Ríos, Lenin Santiago Guerra, enfrenta prisión preventiva. El exmagistrado es acusado de su presunta implicación en el delito de asociación ilícita, en el caso conocido como "Albajuez".
En la audiencia de vinculación, la Fiscal Provincial de Los Ríos expuso que el entonces juez Lenin Santiago Guerra otorgó –de manera irregular– medidas cautelares a favor de tres presuntos integrantes de la mafia albanesa, de los cuales dos estaban encausados por presunto lavado de activos y uno por delincuencia organizada.
Estos ciudadanos mantenían prisión preventiva luego de los allanamientos ejecutados en el caso Pampa, por ser presuntos integrantes de una red criminal liderada por el albanés Dritan Gjika. Sin embargo, el Juez ahora procesado habría cambiado, de forma irregular, esta medida por presentaciones periódicas.
Según lo recabado en la investigación fiscal, también se registró la alteración del sistema informático de la Unidad Judicial del cantón Valencia, para otorgar las medidas cautelares.
Tras relatar los hechos, la Fiscal Provincial fundamentó el inicio del proceso penal con las resoluciones de las acciones de protección emitidas por el juez Lenin Guerra, en las que habría cambiado la prisión preventiva por presentaciones periódicas a los tres procesados ya mencionados.
Asimismo, Fiscalía incluyó los informes de los allanamientos ejecutados en la Unidad Judicial Multicompetente de Valencia, los de inspección ocular técnica y el de reconocimiento del lugar de los hechos y objetos levantados como indicios.
Otros elementos presentados en la diligencia fueron: el informe del ingreso de doce DVD que guardarían relación con las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Unidad Judicial del cantón Valencia y los informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de los procesados.
La jueza de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos dictó prisión preventiva en contra del exjuez Lenin Santiago Guerra. Mientas que la instrucción fiscal se ha extendido por treinta días más.
En agosto de 2024, Fiscalía formuló cargos contra Douglas Ángel C., secretario de la Unidad Judicial del cantón Valencia, y del abogado Luis S., quienes presentaron solicitudes para acogerse al procedimiento abreviado y se encuentran en espera de la respectiva audiencia.
El delito de asociación ilícita se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.