La intervención se realizó de forma conjunta entre varias entidades municipales y la Policía Nacional, tras evidenciarse condiciones que comprometían el bienestar de los animales.
Un estudio científico reveló que dos de cada tres filetes vendidos como corvina en mercados de cuatro ciudades de la Sierra ecuatoriana son carne de tiburón, mal etiquetada y vendida sin una identificación precisa.