Un 8M en Ecuador marcado por el dolor que dejan miles de femicidios: historias de familias que claman justicia
Lentitud en los procesos judiciales, ineficiencia policial y sospechosos que huyen al exterior, es lo que marca a la mayoría de femicidios sin resolver en Ecuador.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]Los femicidios en Ecuador siguen en aumento y el acceso a la justicia no llega con la celeridad necesaria. En los últimos siete años, la Fiscalía registró 2.219 muertes violentas de mujeres, sin embargo, apenas 214 de esas denuncias han logrado sentencia condenatoria. Para que se concrete una audiencia hay que esperar varios meses o años, mientras tanto los implicados huyen a otros países y el tiempo de extradición también diluye los procesos judiciales. Lo único que piden las familias de las víctimas es verdad y justicia.
Lisbeth Baquerizo, Diana Espinosa, Valeria Vargas y Vanessa Villarreal junto a sus hijas (Briana y Antonela) son algunas de las víctimas de femicidio cuyos casos aún no están resueltos, pese a que sus muertes ocurrieron hace varios años. Las familias coinciden en que el acceso a la justicia es una lucha de resistencia, que ahonda más en su dolor.
Por ejemplo, para llegar a la audiencia de juicio en el caso de Valeria Vargas sus familiares esperaron cinco años. La principal razón fue que el presunto autor de su muerte huyó a Alemania, el día en que le iban a formular cargos. Aquel país de Europa no lo quería devolver porque pedía garantías de que la vida del sujeto no correría riesgo en una cárcel de Ecuador. El pasado 18 de enero, finalmente fue extraditado.
Argentina, Chile, Perú, Colombia y España son otros escondites recurrentes de los presuntos femicidas. Fue el caso de Jonathan Falcón, principal implicado en el asesinato de Diana Espinosa, quien estaba oculto en la capital chilena. Lo descubrieron en agosto del 2024, pero recién lo trajeron al país hace un mes.
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Otros sospechosos, en cambio, siguen en el anonimato. Hasta ahora se desconoce el paradero de los acusados en los femicidios de Lisbeth Baquerizo y Vanessa Villarreal y sus hijas, por ejemplo. A continuación Vistazo en la travesía que deben someterse las familias
JUSTICIA LENTA E INDOLENTE
“Lamentablemente, la justicia en Ecuador es bastante lenta e indolente”, afirma Kassandra Andrade, abogada voluntaria de Casa Sofía, una fundación que brinda acompañamiento legal a las víctimas de violencia de género. Explica que en algunas ocasiones los implicados escapan porque no se emite una orden de prisión preventiva rápida o este recurso es apelado y los jueces otorgan la libertad porque argumentan que es una medida de última instancia.
Agrega que otro problema en los procesos judiciales es la revictimización. Las familias se preparan para un testimonio anticipado, pero al no estar la defensa de la otra parte, la diligencia se aplaza “y para fijar una nueva fecha es el doble de lento”.
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También indica que en cantones pequeños del país no hay Fiscalías especializadas, lo que dificulta el acceso a la justicia, y “los jueces carecen de una perspectiva de género, pese a que existe un manual emitido por la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura”.
Según datos de la Fiscalía, desde 2019 hasta marzo de 2025, se han registrado 2.219 muertes violentas de mujeres (femicidios y otros tipos), pero la gran mayoría sigue en investigación previa (1.615). Apenas 214 han logrado sentencia condenatoria.
CASO LISBETH BAQUERIZO
“Han pasado más de cuatro años y lo único que hemos encontrado son actos de corrupción, tráfico de influencias, inclusive hubo un secretario judicial destituido porque dio información reservada”, afirma Kathy Muñoz, madre de Lisbeth Baquerizo, quien fue asesinada en una vivienda de la urbanización Puerto Azul, en Guayaquil, en diciembre de 2020.
Luis Hermida, esposo de la joven, pretendía ocultar el hecho diciendo que se trató de un accidente de escaleras. Sin embargo, la autopsia determinó que Baquerizo falleció por traumatismo craneoencefálico a causa de dos heridas provocadas con un objeto contundente. Es decir que recibió golpes en la cabeza. Las heridas habrían sido selladas con pegamento por Richard Anzoategui, sentenciado a cinco meses de cárcel. Actualmente está libre.
Por este crimen se abrieron dos procesos, uno por femicidio y otro por fraude procesal. En el primero es acusado Luis Hermida, quien fue llamado a juicio y tiene orden de prisión, pero sigue prófugo.
Hermida también está involucrado en el proceso por fraude procesal junto a cinco personas, que conocían pormenores del delito y no avisaron a las autoridades sobre las causas reales de la muerte de Lisbeth.
Nancy Enriqueta N. M., madre del sospechoso, y Marlon Humberto E. M., médico que habría alterado la causa de muerte, fueron sentenciados a tres años de cárcel, pero siguen libres porque apelaron. Mientras que el proceso contra padre y hermano del implicado no avanza.
Mientras que Roland Josué E. M., hermano del médico, quién habría llevado el documento en blanco del consultorio para consumar el delito, se habría fugado a Chile.
“Ninguno de los implicados está en la cárcel. A eso le llaman justicia en Ecuador”, cuestiona la madre de Lisbeth Baquerizo, quien subraya que el delito de fraude procesal caduca en cinco años, por lo cual, teme que el caso quede en total impunidad.
CASO DIANA ESPINOSA
“Como padre busqué que mi hija se prepare para que contribuya a la sociedad, pero lamentablemente un sujeto le quitó la vida”, asegura Arturo Espinosa, progenitor de Diana Espinosa, quien habría sido atropellada por su novio en el sur de Quito.
La mujer de 29 años trabajaba en un banco y días antes de su muerte había comprado un automóvil. Sin embargo, en mayo del 2021, sus sueños quedaron truncados luego de que su pareja, Jonathan Falcón, habría arrancado el vehículo para golpearla, hacerla caer y atropellarla por varias ocasiones.
Inicialmente, el caso fue tratado como un delito de tránsito, pero pasó a ser considerado como un posible femicidio tras la presión de la familia de la víctima. Jonathan Falcón huyó a Chile y en enero pasado fue extraditado al Ecuador.
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Ahora Arturo Espinosa solicita celeridad en la convocatoria para la audiencia de juzgamiento. “Desde que le trajeron no hay ningún avance”, asegura el padre, quien junto a su abogado envió un oficio a la Fiscalía para que se fije una fecha, pero aún no hay respuesta.
CASO VANESSA VILLARREAL Y SUS HIJAS
Narcisa Rosero recuerda a su sobrina Vanessa Villarreal como una mujer humilde, sencilla y tranquila. Trabajaba como comerciante y su sueño era terminar el bachillerato para luego convertirse en abogada. Quería darles un mejor futuro a sus dos pequeñas, Briana (3 años) y Antonela (10 años).
Sin embargo, un hombre identificado como Jonathan Daniel G. N. se habría obsesionado con Vanessa. Una vez que la mujer se separó del padre de las niñas, el sujeto empezó a buscarla para que sean novios e incluso le ofreció matrimonio.
“Ella no aceptó porque este hombre le había dicho: ‘Me caso contigo, pero no acepto a tus niñas’”, recuerda Narcisa Rosero, tía de la víctima. Es así que, en octubre del 2023, Vanessa acudió a una reunión con el sujeto en un terreno baldío cercano a un hospital de Tulcán, provincia del Carchi. Tras una pelea, el hombre la golpeó y acuchilló provocando su muerte. “La gente escuchó los gritos y no le hicieron caso, eso es lo que más nos duele”.
Cuatro meses después, las niñas Briana y Antonela fueron halladas en pozos de agua en la localidad María Magdalena, a pocos minutos de la frontera con Colombia. Lo paradójico, asegura Narcisa Rosero, es que los cuerpos estaban en terrenos de familiares del principal sospechoso. Estas personas no han sido procesadas.
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Mientras tanto, Jonathan Daniel G. N. sigue prófugo de la justicia. La tía de las víctimas menciona que ha escuchado varios rumores de que el sujeto deambula en la frontera de Ecuador y Colombia. Incluso, una vez, "la policía colombiana le tomó una fotografía y al siguiente día que quisieron capturarlo ya no estaba".
CASO VALERIA VARGAS
“Valeria Vargas fue una mujer valiente porque a pesar de su edad (24 años) salió del país para buscar una mejor vida, desgraciadamente, al regresar al Ecuador encontró la muerte”, narra su madre Anabel Campos.
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En octubre del 2019, Valeria llegó a Guayaquil desde España. Su pareja, Jean Paúl P. G., le había pagado el boleto para un mes de vacaciones, pero él estaba planificando acabar con su vida. Para ello habría orquestado un supuesto robo y secuestro.
En el caso también estuvo implicada la tía del acusado y tres personas más. Actualmente, todos están sentenciados, pero el principal sospechoso huyó a Alemania y fue extraditado cinco años después, el pasado 18 de enero. Este lunes, 10 de marzo de 2025, se llevará a cabo la audiencia de juzgamiento.
CASO KERLY AYALA
Era una adolescente de tan solo 16 años, que no tenía cercanía con sus progenitores y vivía con su tía en el cantón Julio Andrade, de la provincia del Carchi. Kerly no quería dedicarse a la agricultura, como la mayoría de los jóvenes de esa localidad, sino que deseaba estudiar una carrera universitaria y buscar nuevos rumbos.
Sin embargo, esto no fue posible porque en septiembre del 2024 fue hallada sin vida en una quebrada. La causa de su muerte fue asfixia por estrangulación. En la autopsia se comprobó que tenía 39 semanas de gestación. De hecho, la última persona que la vio con vida fue el padre del bebé.
Kassandra Andrade, abogada que conoció el caso a través de la fundación Casa Sofía, comentó que Kerly y el chico tenían una relación inestable de idas y venidas. Pero en los últimos meses, la joven lo contactó para que lo ayude en los gastos del embarazo.
“No quería que el niño nazca ni hacerse cargo, según lo que ha comentado la prima”, afirma la jurista. Agrega que lo último que se supo de la víctima es que fue a un encuentro con el padre del bebé en un parque, pero luego desapareció.
Posteriormente, se conoció que, dentro del vehículo del papá del chico, que fue manejado por el acusado aquel día, había rastros de sangre. La semana pasada fue la audiencia preparatoria de juicio y un juez le dictó prisión preventiva, pero aún no es localizado.
En caso de que sea hallado culpable recibiría una pena máxima de ocho años de reclusión en un centro especializado para menores, ya que tiene 17 años.
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