Luego de siete diferimientos, este viernes 11 de abril del 2025 se instaló la audiencia de juicio contra el expresidente Abdalá Bucaram, su hijo Jacobo y dos personas más por el presunto delito de delincuencia organizada en el denominado caso ‘Pruebas covid-19 Agentes AMT’.
Antes de que empiece el juicio, en el Complejo Judicial Norte de Quito, se llevó a cabo una audiencia de revisión de medidas solicitada por los procesados Sheinman Oren y Abdalá Bucaram.
Sin embargo, el tribunal acogió el pedido de la Fiscalía y ratificó las medidas cautelares para el exmandatario y el otro sujeto, quienes deberán seguir cumpliendo con presentaciones periódicas, uso de grillete electrónico y prohibición de salida del país.
Una vez concluida la diligencia, se instaló el juicio por delincuencia organizada. El Ministerio Público expuso sus alegatos iniciales en los cuales narró los hechos ocurridos entre marzo y agosto de 2020, cuando en plena pandemia se habrían comercializado irregularmente pruebas para detectar covid-19.
Los procesados en esta causa son: Abdalá Bucaram Ortiz, Jacobo Bucaram Pulley, el israelí Sheinman Oren y el exagente de tránsito Leandro Berrones.
La Fiscalía intentará probar que estas personas habrían conformado una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para la detección de Covid-19 y otros insumos médicos.
“Para ello, habrían movilizado incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), cuyos agentes se habrían encargado de brindar seguridad a los extranjeros Sheinman O. y Shy D. (asesinado el 8 de agosto de 2020 en la Penitenciaría del Litoral) para el traslado de las pruebas hasta Guayaquil”, dice el informe de la institución.
Añade que estos insumos fueron entregados a Jacobo Bucaram, quien habría pagado 321.600 dólares en efectivo a Sheinman Oren, quien estaba junto a Shy.
Estos dos extranjeros fueron aprehendidos en delito flagrante en la provincia de Santa Elena con 100.000 dólares en efectivo. Además, se hallaron otros 212.510 dólares y 385 euros en el departamento en que se hospedaban.
El llamado a juicio por esta causa se dictó en diciembre del 2021, pero no se logró concretar por dilataciones por parte de los procesados. Durante todo este tiempo, hubo problemas de salud, inasistencia de los abogados y excusas de los jueces.