Explotación sexual en Galápagos: a dos meses del rescate de víctimas aún no hay ningún detenido
"No puedo estar con mi hija porque el hombre que la violentó esta suelto", apuntó la madre de una de las víctimas.
Han pasado dos meses desde que estalló un escándalo de explotación sexual en Galápagos: dos adolescentes que había sido violadas varias veces fueron rescatadas en la Isla Isabela, pero no hay ningún detenido. La madre de una de las víctimas rompe el silencio y pide celeridad en las investigaciones. Por otro lado, el Gobierno dice haber ejecutado una serie de talleres informativos para concientizar sobre esta problemática. No obstante, aún faltan muchas acciones por realizar en una sociedad donde la presencia estatal es escasa e impera la cultura del silencio.
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Rebeca (nombre protegido) vive desde hace 23 años en la isla Isabela, uno de los puntos más alejados del Ecuador continental. Durante todo este tiempo, había escuchado en varias ocasiones casos de jóvenes agredidas sexualmente, pero nunca imaginó que su hija de 16 años también sería parte de las más de 900 mujeres víctimas de violencia de género registradas desde el 2018 hasta octubre del 2024 en el archipiélago.
Todo empezó en el colegio. La hija de Rebeca fue reclutada por una compañera, quien le invitó a un paseo al mirador ‘El Mango’. Tres adolescentes acudieron en compañía de un sujeto. La idea aparentemente era tomarse fotos y comer, sin embargo, todo cambió al arribar al lugar turístico.
“Las dos chicas sabían a lo que iban, mi hija no. El hombre les dijo: ‘bueno aquí las tres pagan piso’. Luego, mi hija empezó a gritar y llorar, cuando se dio cuenta el tipo ya estaba encima de ella”, comentó la madre de la víctima a Vistazo.
Esto ocurrió en enero de este año, pero Rebeca se enteró de todo en mayo, luego de que el padre de la otra adolescente encontró chats de su hija con el sujeto. En ese momento, comprendieron que las adolescentes habían tenido varios encuentros con aquel hombre a cambio de 150 o 200 dólares, dinero que era utilizado para consumir droga.
Rebeca y el papá de la otra joven acudieron a la Policía de Isabela para que detengan al individuo, pero les dijeron que no podían hacerlo sin una denuncia. Ahí empezó el periplo por lograr justicia.
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VIACRUCIS PARA DENUNCIAR
Isabela no cuenta con una Fiscalía y la presencia policial es escasa: tiene alrededor de 20 efectivos. Y lo peor: hay épocas en las que el 50 por ciento de personal policial sale de vacaciones. Los pocos que quedan no están capacitados para atender casos de violencia de género.
Por ello, las personas que quieren denunciar cualquier crimen deben acudir a la Fiscalía de Santa Cruz, lo cual implica gastos en transporte y hospedaje. El pasaje en lancha cuesta 30 dólares, por lo que si van dos personas (el padre y la víctima) el saldo de ida y regreso termina en 120 dólares. Incluso el alcalde de esta isla, Alfredo Morocho, aseguró a Vistazo que la población “está en indefensión” por la falta de varias instituciones estatales.
Rebeca y el padre de la otra adolescente pasaron por ese costoso trajinar, pero luego se llevaron otra sorpresa: la investigación no avanzaba. “Era como un caso que estaba escondido”, relató la madre.
Ella indica que en Fiscalía les dieron una boleta para que el implicado no se aproxime a las jóvenes y les hicieron los exámenes psicológicos, aunque al poco tiempo les volvieron a llamar para la misma pericia. “Aquí en Isabela pasan muchos casos, pero los padres no denuncian por el traslado y no siempre contamos con el dinero para hacerlo”.
También ocurre que al tener que viajar a otra isla se pasa el tiempo de flagrancia, el implicado no es denunciado por ser alguien conocido o se llega a acuerdos extrajudiciales. Rebeca, por ejemplo, narró que familiares del acusado contactaron a su hija para darle dinero a cambio de su silencio. De las tres adolescentes implicadas en este caso, dos no aceptaron estas insinuaciones, pero la chica que reclutaba aparentemente habría recibido cinco mil dólares.
En septiembre, la Policía Nacional en colaboración con la organización estadounidense OUR Rescue efectuaron un operativo de rescate en Isabela. Las dos jóvenes fueron llevadas a una casa de acogida en Ecuador continental. La denuncia inicial fue por el presunto delito de violación, pero ahora el caso es tratado como explotación sexual.
“Siento mucho dolor porque mi hija está afuera, no puede estar conmigo, porque el hombre que la violentó sigue suelto. Eso no debe ser así, el sujeto debe ir preso”, señaló Rebeca (nombre protegido).
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REVICTIMIZACIÓN, IMPLICADO LIBRE
Por el momento, la Policía manifiesta que sigue investigando y recabando indicios contra el implicado. Mientras tanto, Rebeca, quien regresó a Isabela por cuestiones de trabajo, comentó que ve al sujeto paseando en moto o jugando volley.
“A mí me da mucho coraje verlo, pero no puedo hacer nada, tengo que esperar que la justicia haga su trabajo”, manifestó la madre, quien por miedo a alguna represalia evita contestar el teléfono y no sale de su casa.
La Fundación Movimiento Activista de Galápagos de Mujeres en Alerta (MAGMA) explica que en las islas todos se conocen, lo cual dificulta que las víctimas denuncien o provoca que los agresores sigan conviviendo con las familias. En cambio, los policías que llegan a las islas entablan una relación de amistad con los pobladores y cuando llega una denuncia no colaboran.
“Se genera una forma de revictimización y una sensación de impunidad”, apunta una representante del colectivo, quien por cuestiones de seguridad mantiene su identidad en reserva.
Se conoce que el acusado realiza recorridos turísticos en lancha y posee conexiones con la policía de Isabela. “Piensa que por tener poder puede hacer lo que quiera, pero no es justo, hay que detenerlo para que las niñas anden sin ninguna preocupación”, apuntó Rebeca.
Este sujeto no sería el único. Según fundación MAGMA, habría más implicados en el delito de explotación sexual, pero todavía no hay una respuesta de la Policía. Tras el operativo de rescate de las primeras dos adolescentes, se identificó otra víctima en presunta situación de riesgo en Isabela. Además, hace unos meses, hubo un rescate por presunta pornografía infantil en la isla Santa Cruz.
“La cultura del silencio, el abandono estatal y la falta de protección legal por ausencia de política pública configuran la fórmula perfecta para la impunidad de los delitos de trata con fines de explotación sexual”, comentó la representante de la fundación.
Inclusive la organización manifiesta que este delito también podría ocurrir en contextos eclesiásticos de Galápagos. “Es una situación alarmante y aún más invisibilizada”. De hecho, el portal Infovaticana reportó el 18 de junio del 2024 que un sacerdote fue expulsado por mantener una relación homosexual con un seminarista entre 2020 y 2021.
En aquella época, el seminarista tenía a su cargo a monaguillos, niños y jóvenes de la catequesis, mientras que el sacerdote formaba parte de un colegio. “En la sede del Vicariato, en ausencia del obispo, había fiestas en las que algunos testigos aseguran que tanto el sacerdote como el seminarista mantenían una conducta inapropiada con manoseos a los jóvenes del colegio que mantenían cercanía con ambos”, describe el medio informativo antes mencionado.
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¿CÓMO OCURRE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL?
Sara Oviedo, de la Fundación Quitu Raymi y representante de ECPAT en Ecuador, manifiesta que en Galápagos existe un palpable desconocimiento sobre la explotación sexual y sus repercusiones. De hecho, muchos casos son denunciados por otras tipologías criminales.
“La explotación sexual es la suma de dos delitos: la violación y la venta de servicios sexuales”, comenta la especialista, quien formó parte de una reciente comisión para evaluar los nudos críticos de la violencia de género y brindar talleres sobre esta problemática en las islas.
Según datos de la Fiscalía, desde el 2018 hasta el 31 de octubre del 2024, en todo el archipiélago se han registrado 183 denuncias por abuso sexual y 140 por violación, pero quizás muchas de esas alertas pudieron configurar como explotación sexual.
Oviedo narra que las víctimas caen en esta situación por varios factores, pero por lo general hay un trasfondo de pobreza y falta de presencia estatal. Además, resalta que en Galápagos hay que añadirle el tema del narcotráfico. Se conoce que una de las rutas más usadas por organizaciones criminales para transportar droga y combustible es justamente las islas.
“La explotación sexual también va ligada con el consumo de drogas, las bandas utilizan este recurso para dopar a las víctimas y manipularlas”, comentó la especialista.
Tras la difusión del caso de explotación sexual en Isabela, varias instituciones como el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Turismo han efectuado capacitaciones y mesas técnicas para prevenir y erradicar la violencia de género en Galápagos.
Fundación MAGMA aseguró que ha sido positivo este primer paso para dar visibilidad al tema y conoce que las investigaciones por parte de la Policía están encaminadas, pero afirma que “cuesta entender y hay cierta sensación de impunidad” porque aún no hay ningún detenido.
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