Juicio político contra Inés Manzano será impulsado por el correísmo
La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, destacó que esta sería la cuarta vez que la ministra Inés Manzano no asiste a una convocatoria.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]La presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Pamela Aguirre, del movimiento Revolución Ciudadana, anunció este lunes que solicitará la puesta en marcha de un juicio político en contra de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano.
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La legisladora se refirió al pedido después de que la titular de dicha cartera de Estado no acudió a una comparecencia en la que se iban a abordar los contratos ejecutados por el Gobierno durante la etapa álgida de la crisis energética, entre agosto y diciembre del año pasado, con el objetivo de poner fin a los apagones diarios.
La comisión pretendía elevar cuestionamientos en torno a generadores de energía en tierra que fueron adquiridos en noviembre del 2024 a la empresa estadounidense Progen Industries LLC. Esta no envió la totalidad del equipo acordado para aumentar la producción energética desde las localidades de Salitral y Quevedo, en la provincia de Los Ríos.
En adición, legisladores que integran la rama de Fiscalización tenían planeado escuchar la versión de la ministra sobre la adjudicación fallida del campo petrolero Sacha, el de mayor producción del país, al consorcio internacional Sinopetrol.
Aguirre destacó que esta sería la cuarta vez que Manzano no asiste una reunión convocada por la comisión, por lo que la bancada de la Revolución Ciudadana impulsará el pedido de juicio político, que deberá ser aprobado en una votación por el Pleno de la Asamblea, conformado principalmente por el correísmo.
Controversia en torno a Campo Sacha
El pasado 11 de marzo venció el plazo para la adjudicación del campo Sacha a Sinopetrol, para pagar una prima de entrada de 1.500 millones de dólares. La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, fue quien lo confirmó.
Este desenlace se produce después de que el presidente Daniel Noboa fijó el 11 de marzo, a las 21:00, como límite para recibir el pago de alrededor de 1500 millones de dólares por parte de la entidad, conformada por Amodaimi, subsidiaria de la petrolera estatal china Sinopec, y Petrolia, filial de la empresa canadiense New Stratus Energy.
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Defendiendo el intento de adjudicación, el Gobierno detalló que Petroecuador operó el campo Sacha con una infraestructura deteriorada, con más de 50 años de antigüedad, equipos con corrosión, un sistema contraincendios que no cumplía con las normas internacionales, y más de 1.200 puntos de contaminación, lo que representaba graves riesgos de catástrofes ambientales.
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