El impacto del contrabando técnico continúa afectando al Ecuador
De acuerdo con la Organización Mundial de Aduanas, se denomina al fraude aduanero como “cualquier infracción o delito contra estatutos o disposiciones regulatorias en que la aduana sea responsable de asegurar su cumplimiento”.
Dentro de este concepto se incluye la evasión de pago de derechos arancelarios, eludir cualquier restricción a la que está sujeta la mercancía e intentar obtener de manera ilegítima beneficios que afecten las prácticas y principios de competencia leal. Uno de estos perjuicios es el contrabando técnico, el cual se materia y algunos artículos de hogar.
Varios estudios que ha realizado la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), en los últimos meses, indican que presumiblemente más del 60 por ciento de las telas y más del 40 por ciento de las confecciones están ingresando al país, después del control aduanero, bajo alguna de las modalidades de contrabando técnico.
Javier Díaz, presidente ejecutivo del gremio, menciona que dos de los principales problemas de esta práctica, es la afectación al Fisco ya que disminuye sus recaudaciones anuales en millones de dólares, y la destrucción de los empleos en las actividades formales tanto de producción como en el comercio. Según cifras de la AITE, solo entre 2019 y 2020 se perdieron más de 40 mil plazas de empleo directo en la industria textil y confección ecuatoriana y las ventas cayeron en el último año un 36 por ciento.
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Estas cifras en rojo guardan relación con los decomisos o incautaciones de mercancías de contrabando, siendo los productos textiles uno de los rubros más importantes de varios operativos realizados durante la pandemia.
En mayo de 2020, un informe del SENAE indicó que, a través de sus operaciones de inteligencia, aprehendió en ese mes, 1.545 pacas de ropa, más de 10 millones de unidades de cigarrillos, 500 cajas de medicamentos, 7.000 cajas de guantes de nitrilo, más de 1.000 sacos de productos perecibles, 7.000 fundas de pescado congelado y una carga de 50.000 dólares en celulares que pretendían ingresar al país como repuestos de vehículos.
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La industria de cerámica ecuatoriana, la cual está concentrada en Azuay, es otro sector afectado.
Para Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo CIPEM, el modo de operación del contrabando técnico es difícil de evidenciar, “porque mientras más manufacturado sea un producto se vuelve más difícil detectar”.
Cifras de la CIPEM indican que hace seis años la producción de cerámica en Cuenca representaba el 78 por ciento de la oferta en el país, y ahora solo llega al 45 por ciento. Esta caída ha afectado directamente en las plazas de trabajo, las mismas que llegan a 3.000 personas, una cifra que ha ido reduciéndose, durante estos años.
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Por otro lado, la Cámara de Industrias de Guayaquil informa que la rama de elaboración de perfiles de aluminio se ve afectada por el ingreso de mercancías elaboradas a precios inferiores, incluso de la materia prima con la que se elaboran. También resalta que el segmento de productos metálicos como varillas de hierro y acero enfrentan el mismo problema, agravado por el hecho de que los productos importados no cumplen con la normativa técnica ecuatoriana.
Trabajo en conjunto
Para los directivos de la AITE y de la CIPEM, la competencia con productos importados que ingresan legalmente al país es bienvenida y contribuye a que los productores nacionales mejoren su oferta de valor hacia los clientes. No obstante, Díaz enfatiza que contra la ilegalidad es imposible competir, afectando al propio consumidor ya que la mayoría de esos productos suelen ser de baja calidad.
En el caso de los textiles se ha detectado que estos productos pueden ser usados, lo que en esta época de pandemia pone en riesgo la salud de los ecuatorianos. Mientras que, en el caso de la cerámica, cuando es de mala calidad se deteriora fácilmente y obliga al consumidor a realizar nuevamente la compra de este mismo producto en un corto tiempo.
Una de las soluciones que plantea el directivo de la AITE radica en que el actual gobierno incluya, como parte de la política de reactivación productiva, el combate frontal al comercio ilícito. “El Presidente tiene en sus manos legitimar la Ley de Prevención y Combate al Comercio Ilícito aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 4 de mayo y, paralelamente, implementar un mecanismo óptimo de valoración en el SENAE para que no sigan siendo perforados los controles aduaneros por parte de estos infractores”, señala Díaz.
Andrés Robalino, considera que el SENAE juega un papel fundamental en el cumplimiento de la calidad. “En este sentido, los técnicos aforadores deben aprender a leer la documentación para desaduanizar correctamente un producto, revisando los certificados de laboratorios y de otras entidades, para que cuando lleguen documentos fraudulentos puedan detenerlo. El tema de multas de productos de mala calidad que ingresan al país, también debe ser revisado y ejecutado con rigurosidad”, indica.
Para hacer frente a todos estos sistemas ilícitos, Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, considera que el SENAE debe implementar mecanismos idóneos que frenen el contrabando técnico.
Como gremio productivo, sus directivos han participado activamente en las reuniones convocadas para las autoridades correspondientes para diseñar medidas para el control del contrabando. “Con la nueva administración aduanera y gubernamental esperemos iniciar un diálogo a fin de que puedan aplicarse mecanismos, bajo los mejores estándares profesionales, que permitan una lucha efectiva contra el contrabando. Creemos que el gobierno puede apoyarse en el sector empresarial formal para conocer la problemática y de ahí partir en soluciones”, enfatiza Jarrín.
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