Lasso decreta estado de excepción en todas las cárceles del país: se reporta un militar herido en intervención
En el documento se mencionan los hechos de violencia registrados durante este fin de semana en diversos centros de privación de libertad.
El documento dispone la movilización y participación de las Fuerzas Armadas en coordinación con el SNAI, de acuerdo a la Constitución y a la Ley, ha enfatizado el Ejecutivo.
Un militar resultó herido tras la intervención ejecutada este martes 25 de julio, según confirmó Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto.
En el decreto se mencionan los hechos de violencia registrados durante este fin de semana en diversos centros de privación de libertad. Entre ellos los enfrentamientos ocurridos en el Centro de Privación de Libertad Guayas No.1, también conocido como la Penitenciaría del Litoral, entre grupos de delincuencia organizada.
Actualmente, en la Penitenciaría se encuentran recluidas 5.666 personas privadas de libertad, y, de acuerdo a lo detallado en el decreto, los generadores de conflictividad, en esta ocasión, son las PPL de los pabellones 8 (Tiguerones) y 9 (Lobos), que mantienen constantes disputas.
Asimismo, se ha evidenciado un inadecuado equipamiento y armamento de los servidores penitenciarios, "lo que le da ventaja al poder de fuego de las PPL y obliga a requerir el soporte inmediato y permanente de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas".
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El Gobierno también advierte de un efecto contagio en los demás centros de privación de libertad, donde están tomando como estrategia las huelgas de hambre, "que llegan hasta el punto de impedir que otros privados de libertad sean atendidos en sus necesidades básicas como alimentación y salud".
De acuerdo al SNAI, al momento, los reos en huelga de hambre pertenecen a cárceles de las provincias de Imbabura, Napo, Chimborazo (2), Tungurahua, Azuay, Cañar (2), El Oro, Loja, Guayas, Cotopaxi y Pichincha.
En tanto que sobre la toma de rehenes a los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, el Gobierno señala que en caso de mantenerse podría generar el incremento de la hostilidad, conllevando a la perdida de vidas de estos servidores, "con el objetivo de desacreditar la imagen del Estado".
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