Expediente Serbio: El narco que lavó sus delitos
Srdjan Jezdimir les debe la libertad y la extinción de su pena a dos jueces de garantías penitenciarias.
* Esta investigación es una colaboración investigativa entre Revista Vistazo, Connectas, Código Vidrio y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).
Srdjan Jezdimir les debe la libertad y la extinción de su pena a dos jueces de garantías penitenciarias. Ambos fueron destituidos en 2020 y han enfrentado procesos penales. La paradoja: el primer juez que conoció el caso estuvo preso y espera ser llamado a juicio. El segundo, que extinguió la pena, fue exculpado y busca reintegrarse a la función judicial.
Debía salir de prisión en 2031, cuando cumpliera su sentencia por narcotráfico. Sin embargo, el serbio Srdjan Jezdimir fue excarcelado 13 años antes, en 2018, por decisión del entonces juez Christian Roca. Previamente, le impuso varias condiciones: comparecer periódicamente ante autoridades penitenciarias, leer un libro educativo por mes, realizar una tesis sobre los perjuicios de la droga a la salud pública y seguir tres cursos académicos por año.
“Ha sido colaborador en el área de trabajo social, demostrando compromiso y respeto en las labores que se le asignan. Participó en el taller cristiano de motivación y valores; en cursos de origami, manualidades, foamix y lámparas de palillo para helado”, esos son algunos de los méritos del detenido, como consta en el expediente revisado para esta investigación. Certificados de prácticas de ajedrez y fútbol, mientras estuvo en la prisión conocida como zonal 8 regional de Guayas, se incluyen en la carpeta del serbio.
“La técnica de rehabilitación más radical que tiene este país es pedirles a los presos que hagan origami, como si eso les convirtiera en mejores personas”, observó en entrevista con este equipo el jurista y académico Felipe Rodríguez.
Economista, nacido en 1979, Jezdimir afirmaba ser un atleta exitoso en Serbia. Se jactaba de tener amistades en altas esferas políticas; incluso, decía tener fotos con el presidente de su nación. Aseguraba que su padre era un prominente empresario, por lo que él había llegado a Ecuador como inversionista para expandir los negocios de su familia. Sin embargo, en 2011, en Tumbes (Perú), fue detenido con una maleta de doble fondo, con droga. En esa ocasión, sin embargo, fue exculpado.
En septiembre 2014 volvió a ser detenido, en el litoral ecuatoriano, tras un año de investigaciones policiales. Al momento de su captura, tenía un teléfono satelital, una solicitud de refugio en trámite y dinero en efectivo.
Las autoridades lo identificaron como integrante de una red desarticulada durante el operativo Oro Blanco, que decomisó 153 kilos de cocaína. El cargamento venía de Perú, se procesaba en el sur de Ecuador y debía dividirse en 613.160 dosis, una parte para consumo interno y otra para ser enviada a Europa, por medio de contenedores contaminados en los puertos.
Al rendir su versión ante la justicia, su traductor del serbio al castellano fue el exfutbolista y exdirector de la selección nacional del Ecuador, Dusan Dráskovic. Se trata de un legendario entrenador nacido en la exYugoeslavia, que revolucionó el fútbol ecuatoriano a su llegada al país a fines de los años 90. Actualmente es cónsul honorario de Serbia en Guayaquil y, por su dominio de ambos idiomas, actuó como intérprete durante las diligencias judiciales, según confirmó a este equipo.
Durante el juicio en su contra, Jezdimir insistió en su inocencia y en su condición de empresario inversionista. Aseguró que nunca se encontró droga en sus manos. Su pareja de entonces también fue detenida en esa operación policial. En la casa que compartían, en Machala, al sur del litoral ecuatoriano, los uniformados hallaron instrumentos para pesar las dosis. El serbio fue sentenciado a una pena de 17 años y cuatro meses, por narcotráfico. Otras personas fueron detenidas, procesadas y sentenciadas en esa operación policial; ninguna de ellas accedió al beneficio de la rebaja de penas.
En 2018, cuando había cumplido cuatro años de cárcel, Jezdimir buscó recuperar la libertad, invocando el principio de favorabilidad ante un juez de garantías penitenciarias. En esencia éste permite que un preso pueda acogerse a una ley dictada con posterioridad a su sentencia, si ésta contempla penas más benevolentes.
El entonces juez Christian Roca redujo la condena del serbio a diez años. En la misma audiencia ordenó su prelibertad bajo el argumento de que el sentenciado ya había cumplido las dos quintas partes de la pena, que se encontraba en área de mínima seguridad y que cumplía méritos de rehabilitación. La prelibertad consiste en que la persona puede salir del centro carcelario, bajo supervisión de las autoridades penitenciarias. En esencia, se trata de un régimen de libertad controlada.
En abril de 2019, Jezdimir pidió un nuevo recurso a su favor, que recayó ante otro juez. Al encontrarse en prelibertad, vivía en una zona de Guayaquil. Aseguró que su vida corría peligro, porque había detectado que personas desconocidas vigilaban la urbanización en la que residía.
En su pedido, que consta en el proceso judicial al que accedió esta investigación, el serbio relató el caso de una pareja que pocos meses atrás había sido secuestrada de una urbanización aledaña. Sus cuerpos fueron abandonados en un lugar recóndito. Argumentó que temía sufrir un atentado similar.
Uno de los asesinados era un hombre de origen montenegrino y kosovar, quien había sido detenido por narcotráfico en 2009 en el aeropuerto de Guayaquil, con 17 kilos de cocaína. Viajaba hacia Holanda. En Ecuador cumplió una sentencia de diez años y fue liberado.
Serbia, Kosovo, Montenegro y Albania están unidas por raíces geográficas e históricas comunes. Pertenecieron a la exYugoeslavia y se encuentran en la península Balcánica. De esa región surgió una organización criminal, conocida comúnmente como la mafia de los Balcanes o mafia albanesa. Desde Ecuador controlan buena parte de los envíos de cocaína hacia países europeos, saliendo del puerto de Guayaquil.
Informes de agencias especializadas en crimen organizado, como Europol y Antinarcóticos de Ecuador, confirman que en este país operan brazos de las organizaciones de los Balcanes, los cuales actúan bajo códigos ancestrales. Uno de ellos es el Kanun, el cual ordena que sangre se pague con sangre, pero la venganza no se puede ejecutar en la casa de la víctima. Por eso, los sicarios se visten con uniformes de policías, llegan hasta la casa de sus blancos, simulan un allanamiento y los obligan a salir de su vivienda. Entonces los ejecutan. Eso habría ocurrido con la pareja asesinada, según una de las hipótesis de la investigación policial a la que accedió este trabajo.
Jezdimir nunca admitió haber pertenecido a estas organizaciones, pero insistió en que corría peligro y pidió que la justicia ecuatoriana extinguiera su pena. El nuevo trámite recayó en el juez de garantías penitenciarias Jorge Martínez, quien aceptó su petición. En definitiva, el serbio quedó sin cuentas pendientes con la justicia ecuatoriana.
Dos jueces de garantías penitenciarias despacharon a favor del sentenciado narco. Sin embargo, ambos casos fueron tratados en forma diametralmente opuesta por la administración de justicia, como revela esta investigación.
EL EXJUEZ QUE ESTUVO TRAS LAS REJAS
“Me llevaron a la Penitenciaría del Litoral. Había enfrentamientos. Los que ingresábamos íbamos a una sección que se llama ‘cuarentena’ donde, créame, a las personas les asesinan hasta el alma. Sin posibilidad de acceder a comida y aseo. Para dormir, los presos se acostaban en tres filas, uno encima del otro. Ni en las series más brutales de Netflix se ha visto eso”. Este es el testimonio del exjuez de garantías penitenciarias Christian Roca Yagual, entrevistado por esta alianza.
Fue destituido en 2020 de su cargo y procesado penalmente por prevaricato, por rebajar la pena del sentenciado serbio y viabilizar su prelibertad y excarcelación. Es la primera vez que el exfuncionario se pronuncia sobre el caso judicial en su contra: busca defender la legalidad de su actuación y sustentar su condición de perseguido.
Roca afirma que aplicó el principio que cabe cuando hay un conflicto entre dos normas jurídicas: el Código Orgánico Integral Penal (COIP, vigente desde 2014) y el código penal que regía previamente. En su argumento, se basó en la normativa que regía en 2013, año en que el ciudadano serbio habría cometido el delito de narcotráfico. “Yo tengo que aplicar la normativa desde el momento en que se comete la infracción”. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura insiste en que el ciudadano serbio había sido ya sentenciado con el COIP a cumplir 17 años y cuatro meses de cárcel.
Según el exjuez, durante la audiencia en la que tomó esa resolución, los funcionarios del Ministerio de Justicia no presentaron objeción alguna. Aún más, insiste, ellos presentaron la documentación que recogía los méritos de rehabilitación y recomendaron la favorabilidad.
El exjuez asegura que su caso fue manejado con rapidez inusual, porque el Consejo de la Judicatura buscaba blindar una imagen de eficiencia. “El 22 de junio de 2020 me notificaron que Fiscalía incorporaba nuevos documentos al proceso, esto era en plena pandemia, siete días después esa entidad solicitaba la audiencia de formulación de cargos, yo no tuve tiempo ni siquiera de acceder a un abogado. En ella se pidió mi prisión preventiva, tenía orden de detención”.
Después de varios meses fue detenido por la policía. En la cárcel -relata- debió asumir su propia defensa y tramitó una caución por 50 mil dólares, que le permitió recuperar la libertad. Como juez ganaba 4.100 dólares mensuales. “Me endeudé, vendí casa y carro para poder pagar la caución”. Relata que para mantener su hogar inició un emprendimiento de venta de embutidos, también vendió libros. “Cuando logré recuperarme del impacto sicológico de haber estado en un infierno vinieron personas que sabían que yo era abogado y empecé a trabajar en el libre ejercicio”.
El exfuncionario describe la cantidad de errores de fondo que ha seguido el proceso en su contra. Cada vez que el Consejo de la Judicatura enfrenta una nueva denuncia por corrupción interna, insiste, se reaviva el caso en su contra, para desviar el foco de atención.
EL EXJUEZ EXTINGUIÓ LA PENA Y FUE EXCULPADO
En el expediente del narcotraficante serbio también es relevante la participación del juez Jorge Martínez, quien fue acusado, junto con Roca, por posible delito de prevaricato. Se abrieron investigaciones por separado para escrutar las actuaciones judiciales de cada uno de los dos exfuncionarios.
Quienes conocen a Martínez dicen que fue uno de los mejores de su clase. Segundo de su promoción, fue nombrado juez a los 24 años de edad. Extinguió la causa contra el serbio en una audiencia en la cual las autoridades penitenciarias no se opusieron a su decisión, como en la mayoría de casos de este tipo, lo cual ha sido observado por las autoridades del Consejo de la Judicatura.
El exjuez manejó su propia defensa. Su estrategia consistió en demostrar que no actuó con la voluntad expresa de cometer un acto ilícito.
En febrero de 2022, la presidencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas inadmitió la acusación particular presentada por el CJ, que es el órgano de control de la justicia. Esto impidió que el consejo actuara como acusador particular en este caso. En marzo de 2022, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil se pronunció a favor de que Martínez regresara a su cargo de juez y recibiera los sueldos que dejó de percibir en los últimos dos años, tiempo en el que había sido destituido.
En abril del 2022, la fiscal provincial de Guayas, Yanina Villagómez determinó que cuando el expediente del sentenciado serbio llegó a las manos del entonces juez Martínez ya era cosa juzgada. Para esta investigación periodística se pidió la versión de la fiscal de Guayas, quien hasta el cierre no se pronunció. En mayo de 2022 la justicia exculpó definitivamente a Martínez del delito de prevaricato.
Recientemente, el CJ presentó un recurso de última instancia ante la sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia, insistiendo en que Martínez debía continuar suspendido del cargo. La última palabra no está dicha.
Para este trabajo periodístico se ubicó a Martínez, pero él se excusó de emitir un pronunciamiento, en vista de que está en espera de que se resuelva su regreso a la función judicial de la que, afirmó, no debió salir de ese modo.
Lea el expediente dos:
Expediente Rasquiña: Cuando el líder chonero agitó el avispero
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