Tres jueces anticorrupción y dos abogados constan entre los investigados por presuntos actos de delincuencia organizada y tráfico de influencias dentro del Caso Fachada.
La trama está relacionada con la liberación de los hijos del cabecilla de 'Los Comandos de la Frontera', también conocida como 'La Mafia', una narcoguerrilla surgida tras la desmovilización del frente 48 de las antiguas FARC.
Caso Fachada: Abogado del hijo de Verónica Abad aprehendido en allanamiento vinculado a ‘Los Comandos de la Frontera’
Los agentes de la Unidad Nacional de Delitos Transnacionales realizaron investigaciones que revelaron la existencia de una red de corrupción, que estaría utilizando argucias jurídicas para promover la impunidad en el sistema judicial y retrasar procesos penales de los procesados por delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas.
Sobre los magistrados implicados se conoce son parte de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado (Unidad Anticorrupción).
La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Nacional, llevó a cabo el 16 de enero doce allanamientos en oficinas y domicilios ubicados en las provincias de Pichincha y Esmeraldas, logrando recopilar importantes indicios probatorios:
-$92.030 en efectivo
-Aproximadamente 30.000 municiones
-4 armas de fuego
-25 celulares
-18 laptops
-3 computadores de escritorio
-3 tablets
-14 dispositivos USB
-1 GPS portátil
-1 caja fuerte
-Documentos varios.
Además, se detuvo al abogado Oswaldo Trujillo, acusado de tenencia y porte ilegal de armas de fuego y municiones. Los indicios recabados fueron trasladados al centro de acopio temporal con la respectiva cadena de custodia.
Ante los hallazgos, la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, solicitó formalmente al presidente de esta entidad, Mario Godoy, que inicie las investigaciones disciplinarias correspondientes contra los jueces y abogados implicados.
Goyes resaltó que los actos denunciados podrían constituir "conductas gravísimas" que vulneran los principios fundamentales de la función judicial.
Destacó que durante los allanamientos se encontraron fajos de dinero en efectivo, y se presume que los jueces encargados de una causa penal relacionada con delitos de organización habrían incurrido en irregularidades señaladas en las investigaciones. Además, se sospecha que ejercieron sus funciones de manera abusiva, incluso sin contar con la correspondiente remuneración.
Por lo antes mencionado, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 254 del Código Orgánico de la Función Judicial, Goyes pidió iniciar investigaciones disciplinarias en contra de los jueces y abogados, en coordinación directa con la Dirección Nacional de Transparencia de la Unidad Anticorrupción.