[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]El pedido de juicio político contra la vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Nicole Bonifaz, y otros tres exconsejeros, procesados por presunta asociación ilícita en el Caso Ligados, fue archivado este martes en una sesión del Consejo de la Administración Legislativa (CAL).
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El proceso que la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) puso en marcha fue bloqueado debido a que las asambleístas del Movimiento Revolución Ciudadana, Esther Cuesta y Viviana Veloz, junto a la legisladora Alexandra Castillo, quien solía pertenecer a Construye, se abstuvieron en la votación.
A favor estuvieron, en cambio, Jorge Aicaturri, del Partido Social Cristiano (PSC), Eckenner Recalde y Diego Matovelle, ambos de ADN. El asambleísta Otto Vera, también del PSC, no participó en la reunión.
Acaiturri rechazó el resultado de la votación e indicó que la solicitud fue bloqueada aún cuando se consiguieron las 35 firmas requeridas para dar paso al enjuiciamiento político.
No obstante, tres de estas fueron enviadas a través de un alcance cuando inició la sesión, razón por la cual, según explicó el secretario del Legislativo, Alejandro Muñoz, la Unidad Técnica Legislativa recomendó no aprobar el proceso.
“Ese es un requisito sine equa non (sin la cual no), por lo que el juicio no cumplió con los requisitos sustanciales para la tramitación (...) El proceso quedó archivado y puede volver a presentarse observando los requisitos”, agregó Muñoz.
Caso Ligados
La presunta trama de asociación ilícita en CPCCS por la que ahora es procesado Augusto Verduga, junto a otros dos consejeros afines al correísmo destituidos, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, la vocal Nicole Bonifaz, habría quedado al descubierto tras la revisión de sus chats personales.
En la audiencia de formulación de cargos del caso, el fiscal subrogante Wilson Toainga expuso que la información extraída de los dispositivos móviles habría revelado la presunta planificación de estrategias ilícitas para tomar del control de la institucionalidad del Estado.
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Entre estos actos se incluía la designación de autoridades afines al movimiento Revolución Ciudadana en cargos clave, como en el de superintendente de Bancos.
“Con estas jugarretas el Legislativo se vuelve, una vez más, cómplice de la impunidad. Es inaudito que la Asamblea Nacional no censure políticamente a estos funcionarios, cuando ya hay una investigación en firme en la Fiscalía por presunta asociación ilícita. ¿A qué le temen? Le temen a la verdad”, declaró la bancada de ADN después de que el pedido de enjuiciamiento fue archivado.
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