Corrupción, sentenciados y escándalos: ¿Qué pasa con la Justicia en Ecuador?
La justicia ecuatoriana tiene problemas de fondo y, uno de ellos, es el descalabro del concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
El expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fue sentenciado por el caso Metástasis. Al actual presidente, Mario Godoy, la jueza Nubia Vera lo acusa de haberla presionado para que fallara en contra en el caso de la Vicepresidenta. Por otro lado, el concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia fue anulado. 108 funcionarios judiciales fueron suspendidos en seis meses. La sociedad no confía en el sistema. Hay razones de sobra. Pero, ¿hay alguna luz de esperanza?
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El suyo aparece entre los perfiles más visitados de la herramienta “Radiografía Judicial”. Wilman Terán era, hasta diciembre de 2023, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ). Un año más tarde, sentenciado en dos casos: “Metástasis” e “Independencia Judicial”, cumple penas de nueve años y cuatro meses, respectivamente.
Según el tribunal de la Corte Nacional de Justicia, en la trama “Metástasis”, Terán y otras 18 personas actuaron como parte de una estructura de corrupción en el estamento judicial, para beneficiar al narcolavador Leandro Norero. Él fue detenido en mayo de 2022 y asesinado en octubre de ese mismo año, en la cárcel de Cotopaxi, dominada por Los Lobos. Murió en la boca del lobo, en retaliación por haber iniciado diálogos de pacificación con Los Choneros. Su celular fue sometido a pericias forenses: así es como surgió el expediente “Metástasis”.
Terán habría sido conocido como ‘el Jefe’ o ‘el Diablo’, según los diálogos exhibidos en el curso del juicio, que terminó a fines de noviembre de 2024.
Pero también saltaron a la luz su ambición por el poder y sus excentricidades. Quería ser Presidente de la República. “Por primera vez en la historia, un magistrado que fue juez de primer nivel llega a recomponer el tejido social”. Con estas palabras, Terán agradecía su designación como presidente del Consejo de la Judicatura, en la sesión 845 del Pleno Legislativo, el 16 de febrero de 2023. “Yo vengo de las estrellas; un caminante de sueños soy”, decía, en sus tiempos de gloria.
Desde la cárcel La Roca plantea innumerables recursos para obtener su libertad. En su delirio, llegó a denunciar la existencia del supuesto cartel de Carondelet, liderado a su tiempo por el expresidente Guillermo Lasso y por el actual mandatario, Daniel Noboa. ¡Ésa fue la cabeza del ente a cargo de la gobernanza de la justicia en Ecuador!
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MARIO GODOY AHORA A CARGO DE JUDICATURA
En julio de 2024, Mario Godoy se convirtió en el nuevo presidente de la Judicatura y en seis meses le estalló el primer escándalo. Días antes de Navidad, la jueza Nubia Vera falló a favor de la vicepresidenta Verónica Abad, restituyéndole sus funciones que habían sido suspendidas por una sanción del Ministerio de Trabajo.
Tras la sentencia, la jueza dijo temía por su integridad ya que, previo a la audiencia, Mario Godoy y sus asesores la habrían intimidado para que fallara en contra de la vicepresidenta. Incluso dijo que le entregaron un pen drive con una sentencia ya redactada.
Godoy ha negado la rotundamente la acusación y en respuesta denunció a Vera por calumnias. Paralelamente, la Fiscalía abrió una investigación por el caso. El tiempo dirá quién dice la verdad.
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SIN JUECES NACIONALES
Pero más allá del expresidente de la Judicatura sentenciado y de los dimes y diretes que explotan cada dos por tres, la justicia tiene problemas de fondo. Y uno de ellos es el descalabro del concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). El proceso volvió a fojas cero, tras una sucesión de irregularidades, que explicó el actual presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, en entrevista con Vistazo a inicios de diciembre.
El concurso anterior cayó en tela de juicio por la contratación cuestionada de una empresa para la aplicación de las pruebas de confianza. Godoy asumió funciones a mediados de julio de 2024, y pidió que Contraloría investigara la contratación de una compañía que no tenía ni siquiera una dirección física, para efectuar las pruebas a los postulantes.
No es la única novedad, reveló Godoy. Una denuncia sobre supuestas irregularidades en el proceso, por parte de una concursante, no solo fue ignorada, sino archivada durante dos meses. Al detectar esto, la actual administración del (CJ) ordenó una investigación por muestreo en 35 carpetas de candidatos para el concurso. Los casos fueron escogidos al azar. Se hallaron irregularidades en 17 expedientes, esto es, más de la mitad. De hecho, la misma redacción del reglamento abría las puertas a discrecionalidades. Tanto así, que al hablar de la puntuación a partir del undécimo año de experiencia, se calculaban puntos extras a favor de quienes tenían 10 años y un mes, en lugar de 11 años.
“Tomar una decisión como ésta no fue fácil, que la CNJ tenga jueces y conjueces titulares es una necesidad imperiosa. Sabía que afectaba intereses, agendas políticas quizás, de otra índole. Sabía que esto me generaría un embate mediático. Yo he empezado a solicitar información a todas las áreas de todo lo hecho desde que asumí hasta entregar este cargo, pero no todas las entregan, sino únicamente justificativos de por qué no entregan. Habría que ver qué intereses están detrás”, argumentó Godoy.
Él preside un Consejo que en teoría debe tener cinco miembros, pero que en la actualidad tiene apenas cuatro. Este órgano fue conformado en enero de 2019 y sus cinco integrantes debían permanecer en funciones hasta inicios de 2025. Por distintas razones, ninguno de los consejeros posesionados hace seis años permanece en el cargo actualmente.
“Eso ratifica la agudeza de la crisis, que la institución fue usada para intereses, prueba de ello son jueces y vocales del CJ sentenciados, en los casos Metástasis, Purga y Plaga”, reconoce Godoy.
De los cinco vocales del CJ nombrados a inicios de 2019, ninguno se encuentra en funciones actualmente. Este ente debe ser renovado en 2025.
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108 SERVIDORES JUDICIALES DESTITUÍDOS
María del Carmen Maldonado, Patricia Esquetini, Fausto Murillo, Ruth Barreno y Juan José Morillo fueron los vocales nombrados por el Consejo de Participación en enero de 2019. Las dos primeras renunciaron, cada una a su tiempo. El tercero fue censurado y destituido el último día de febrero de 2024. La cuarta fue sentenciada por interferencia en la justicia, junto con Wilman Terán. El último fue también censurado por la Legislatura.
El control del Consejo de la Judicatura (CJ) es la joya de la corona, según coinciden analistas. La entidad mueve los hilos invisibles de la justicia en el país.
El Pleno del CJ está integrado por cinco vocales y sus suplentes. Ellos son elegidos, mediante ternas, en procesos dirigidos por el Consejo de Participación. La terna de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) es crucial, este delegado preside el CJ. Los otros vocales provienen de ternas enviadas por la Fiscalía General; la Defensoría Pública; la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional.
El actual Consejo de Participación anunció en diciembre el inicio del proceso para conformar el nuevo Consejo de la Judicatura. Uno de los ejes de acción de este ente es el control disciplinario, de aproximadamente 16 mil funcionarios de todo el sistema, que incluye notarías y Fiscalía.
Según el informe de control disciplinario que presentó la vocal Solanda Goyes, entre el 28 de febrero y el 31 de octubre de este año, 108 funcionarios fueron destituidos por faltas gravísimas. Guayas y Pichincha concentran más de la mitad de estos casos. Una de las principales causas se relaciona con haber puesto en tela de juicio la imparcialidad del juzgador, al haber recibido un favor o premio a cambio de pronunciarse en una causa.
La segunda semana de diciembre, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo presentó la herramienta “Radiografía Judicial”. Esta plataforma digital busca fomentar la transparencia en la información sobre los operadores de justicia.
Marcelo Espinel, subdirector de FCD, explicó que se requiere construir un ecosistema de integridad, a partir de datos. Resaltó que desde 2017 cambió en ocho ocasiones el formato de Contraloría para las declaraciones de bienes de los funcionarios; destacando que uno de los cambios incorporó un mecanismo que recababa información privada sobre quien requería la información. Además, citó el caso de México, donde una iniciativa promovió que los candidatos estén obligados a hacer públicas tres tipos de declaraciones: sus patrimonios; el monto que pagan por sus impuestos; y, si tienen conflicto de intereses.
La jueza nacional Mercedes Caicedo, que conoció en última instancia el caso “Metástasis”, explicó en el mismo evento que la transparencia en la información no puede poner en riesgo la vida y la integridad del funcionario. “No quiero jueces sin rostro y tampoco quiero jueces con miedo”. Si expongo mi vida por un caso en particular, al menos quisiera tener protección, mencionó, al revelar que su celular había sido hackeado en tres ocasiones.
Su testimonio revela una verdad inocultable. No se puede tapar el sol con un dedo. El crimen organizado permeó la justicia.
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