El exesposo de la mujer y padre del adolescente empezó a recibir mensajes de texto en su teléfono móvil en los que varios de los implicados le exigían el pago de 2 millones de dólares.
La Policía pidió al Consejo de la Judicatura investigar el actuar de los jueces y rechazó vehemente la revocatoria de la prisión preventiva contra Manuel O.
Estos hechos se suscitaron aparentemente ante el rechazo de las bandas criminales a la política de "mano dura" que puso en marcha en las cárceles el presidente Daniel Noboa.