Caso Triple A: Juez instala audiencia contra alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez y sanciona a dos abogados
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la instalación de la audiencia, en la que busca vincular a once personas.
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀]Este miércoles 9 de abril de 2025 se instaló la audiencia de vinculación del caso ‘Triple A’, por presunta distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos, en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. La diligencia se concretó pese a que los abogados del burgomaestre intentaron nuevamente diferirla.
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la instalación de la audiencia, en la que busca vincular a once personas, incluido Alvarez, a la instrucción fiscal por este caso.
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Al iniciar la jornada, el juez sancionó con una multa a dos abogados particulares por no asistir a la audiencia y procedió a designar defensores públicos para garantizar la continuidad del proceso.
El día anterior, el abogado de Alvarez solicitó diferir la audiencia, alegando que debía asistir a otra diligencia judicial presencial a las 09:30 en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Asimismo, el alcalde pidió que se respete su derecho a contar con su "abogado de confianza", solicitando una nueva fecha para la audiencia.
Sin embargo, el juez Renán Andrade negó el pedido al señalar que la notificación se realizó con tiempo suficiente.
La Fiscalía General del Estado, que investiga una presunta trama de almacenamiento y distribución irregular de combustibles, solicitó por primera vez una audiencia para vincular a Alvarez al caso el pasado 22 de febrero, pero esta se había diferido en reiteradas ocasiones. El burgomaestre, por otro lado, ha afirmado que es víctima de una persecución política.
La investigación, denominada como Caso Triple A, nació de una denuncia que presentó en julio de 2024 la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables del Gobierno de Daniel Noboa.
Tras la denuncia, el Ministerio Público allanó varias oficinas de estaciones de servicios pertenecientes a la compañía Copedesa, de Alvarez y su familia, y meses después procesó a cinco personas y a cinco empresas por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
Según la Fiscalía, estas compañías habrían incurrido en una presunta distribución irregular de combustibles, que habría causado perjuicios económicos al Estado.
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