Han pasado casi cinco años de la graduación de bachillerato de María José y, con ello, sus tres intentos por acceder a un cupo en la carrera de Medicina se han visto truncados. Su anhelo de convertise en la primera doctora en su familia se aleja cada vez más. A esta aspiración se unió su hermana menor, quien también ha rendido la prueba de admisión, pero su puntaje tampoco es suficiente para esta carrera en una universidad pública de Guayaquil.
Hoy, ambas hermanas evalúan la posibilidad de buscar un empleo o seguir intentando un cupo que les permita estudiar lo que desean, ya que en un futuro temen desertar sus estudios si escogen una carrera que no es de su interés. Ellas son parte de los más de los 186 mil postulantes que existían para acceder a 95 mil cupos universitarios hasta el segundo semestre del 2021, de acuerdo a las últimas cifras de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).
Las perspectivas de obtener un trabajo tampoco son alentadoras, pues solo el 29% de los jóvenes entre 18 y 29 años tiene un empleo adecuado, con un sueldo promedio de 427 dólares, según datos del INEC hasta enero del 2025. En resto se encuantran en ocupaciones informales, con sueldos aún más bajos, y otros tantos en el desempleo.
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En la actualidad, 31 universidades públicas y 54 institutos tecnológicos y conservatorios superiores públicos tienen la facultad de realizar su proceso de admisión de manera autónoma, según la Senescyt. Desde hace años, el ofrecimiento de acceso universal se ha convertido en eslogan de campaña, pero es imposible porque siempre hay más postulantes que cupos en las universidades públicas.
En medio de promesas, acusaciones y estadísticas contrapuestas, el 23 de marzo, durante el debate presidencial, el futuro de un mejor acceso a la Educación Superior del país quedó sin una propuesta clara y profunda, a pesar de que este fue parte del primer eje temático del encuentro.
El presidente candidato Daniel Noboa mencionó:
También afirmó que existiría un incremento de becas, entre estas para madres solteras, jóvenes y mayores, así como bonos para emprendimientos y un sistema de residencias a nivel nacional.
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Por su parte, los ofrecimientos de la candidata Luisa se inclinaron en el segmento de Educación Superior a la recuperación de universidades emblemáticas y a su acceso.
En el país, el acceso a las universidades e institutos públicos está regulado por la Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Educación. Según estas leyes, su acceso es gratuito y de manera obligatoria para todas las personas mayores de 18 años. Sin embargo, no todos los bachilleres llegan a tener esta posibilidad.
A vísperas de un nuevo Gobierno, Cinthya Game , consultora en innovación educativa y ex viceministra de Educación, considera que el principal desafío en la educación que enfrentará quien asuma la Presidencia será garantizar la continuidad de los estudiantes dentro de las Instituciones Educativas y lograr un mayor acceso a las mismas.
A ello, considera que se debe poner la mirada hacia una educación técnica y productiva.
Ante la continua demanda de estudiantes que optan por tener un acceso a las universidades frente a los institutos, la consultora afirma que culturalmente esta alternativa requiere de una mayor revalorización.