¿Qué dice la sentencia escrita del Caso Las Torres contra el excontralor Pablo Celi? Indemnización, placa y otras medidas
Luego de casi cinco meses, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dio a conocer por escrito la sentencia del caso Las Torres.
Luego de casi cinco meses, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dio a conocer por escrito la sentencia del caso Las Torres. Por el delito de delincuencia organizada fueron condenadas once personas, entre ellos el excontralor Pablo Celi y el exgerente de Petroecuador Pablo Flores.
El Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la CNJ estuvo integrado por Walter Samno Macías Fernández (ponente), Luis Adrián Rojas Calle y Mauricio Bayardo Espinosa Brito.
El juicio se instaló el 4 de abril del 2022 y se prolongó durante varios meses. Con base en treinta y un pruebas testimoniales y veinticuatro documentales, presentadas por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el tribunal de juicio emitió la condena de manera oral, el pasado 10 de febrero.
El excontralor y el exgerente de Petroecuador fueron sentenciados a trece años y cuatro meses de cárcel, en calidad de autores y por lo tanto líderes de un grupo estructurado, cuyo fin consistía en obtener beneficios económicos, gestionados a cambio del desvanecimiento de glosas y pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa Nolimit S. A., entre 2017 y 2020.
Mientras que, dos exfuncionarios fueron condenados a nueve años y cuatro meses de prisión; a otras seis personas se les impuso siete años y sola una procesada recibió la pena reducida de seis meses, debido a la cooperación eficaz.
Indemnización al Estado
En su fallo, el Tribunal también dispuso el pago de una indemnización de 250.000 dólares para cada uno de los líderes de la estructura (Pablo Celi y Pablo Flores) y 100.000 para cada uno de los colaboradores.
Asimismo, se les impuso una pena restrictiva de derechos de propiedad consistente en multa de 50 salarios básicos unificados al tiempo en que cesó la conducta, es decir $ 19.700; y la suspensión de derechos políticos por igual tiempo al de la pena privativa de libertad.
Medidas de reparación simbólicas
El Tribunal declaró que la presente sentencia constituye una forma de reparación en sí misma, por lo que se ordenó su publicación por 90 días en las páginas web institucionales de la Presidencia de la República, Contraloría General del Estado y Petroecuador.
Se ordena también a los sentenciados pedir disculpas públicas, que deberá hacerse a costa de ellos y a través de un medio de comunicación de televisión nacional. Deberán expresar lo siguiente:
“En virtud de la condena recibida por el delito de delincuencia organizada dentro del proceso 17721202100019G, denominado “CASO LAS TORRES”, ofrecemos una disculpa al pueblo ecuatoriano por haber aprovechado en beneficio propio y de terceros la designación en la función pública, traicionar los más elementales principios del servicio público y la confianza depositada de parte de todo un país”.
A esto se suma la colocación de una placa en la Secretaría General de la Presidencia de la República del Ecuador, Empresa Pública de Hidrocarburos EP Petroecuador, Contraloría General de Estado y sus dependencias a escala nacional, y en los edificios de las gobernaciones provinciales, con el texto a continuación:
“Las personas que actúen en virtud de una potestad estatal no pueden exigir beneficios económicos a los proveedores del Estado. Para el ejercicio de la función pública es fundamental el imperio de la honradez".
La colocación de la placa estará a cargo de Procuraduría General del Estado, quien en la fase de ejecución presentará el sustento del precio de la placa para efectos de los valores sean mandados apagar a todos los sentenciados.
Como garantía de no repetición se dispone que, la Secretaría de la Presidencia de la República, Contraloría General del Estado y Petroecuador, en un plazo de 90 días, diseñen y ejecuten un programa de capacitación que incluya la observancia de normas de conducta y éticas en el desempeño de sus funciones, su deber de denunciar y negarse a colaborar con actos ilegales, así como abstenerse de recibir cualquier beneficio económico.
Sobre el comiso del dinero encontrado en poder de los sentenciados ($ 14.580 de Natalia Cárdenas Samofalova; $ 19.500 de José Luis Esteban Celi de la Torre; y $ 10.848 a Andrés Olavide Luque Cervantes) los valores serán transferidos a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
Al final, también se estableció la existencia y cometimiento de otros delitos, por lo que dispuso a la Fiscalía General del Estado investigar a Roberto Barrera y José Raúl de la Torre Prado por concusión y lavado de activos.
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