¿Cuáles fueron las razones del Gobierno para no optar por la disolución de la Asamblea?
La luna de miel Ejecutivo- Presidenta de la Asamblea duró pocas semanas. El inesperado fallecimiento de César Monge cambió el panorama.
Cargos, favores, contratos para ahijados políticos, a cambio de votos para aprobar leyes en el Legislativo. Parte del entramado salió a la luz, luego de que la Ley de Inversiones no reuniera los votos suficientes para su aprobación en la Asamblea. Los aliados de ocasión (Pachakutik e ID) boicotearon la Ley. Nuevas coaliciones a la vista, ¿bajo qué líneas de negociación?
"Los políticos deben ser los custodios del poder, el poder le pertenece a la gente, pero en Ecuador, los políticos se creen los dueños”. Esta declaración fue publicada por Vistazo en 1999. Corresponde a una cita del entonces embajador de Estados Unidos, Leslie Alexander. En esencia, la situación no cambió. Una ley considerada fundamental por el actual gobierno para la generación de empleo y la atracción de inversiones no reunió los votos necesarios para ser aprobada por la Asamblea.
El choque de trenes entre Ejecutivo y Legislativo pudo terminar en un escenario de disolución de la Asamblea y la convocatoria a elecciones anticipadas. Pero el último viernes de marzo la tesis de la muerte cruzada se quedó sin piso, dejando en el aire a su principal impulsora, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela. Ella salió del cargo, antes de cumplir un año al frente de esa cartera.
El legado de su breve paso por la gestión pública es el proyecto para dividir en dos frentes el Ministerio que estuvo a su cargo: uno enfocado en seguridad y otro concentrado en la gestión política. Francisco Jiménez asumió la cartera de Gobierno; el general en retiro Patricio Carrillo, la de Seguridad. El primer fin de semana posterior al cambio, una masacre en la cárcel de Turi dejó una veintena de víctimas.
La idea de la muerte cruzada no era vista con buenos ojos por el grupo libertario de apoyo al gobierno, surgido de la Fundación Ecuador Libre. Con la salida de Vela, el ala demócrata cristiana, más cercana a Quito, perdió peso en la mesa del poder. El Gobierno volvió a sus orígenes.
Aunque voceros oficiales descartan que la disolución del Legislativo estuviera en el tapete de la discusión, varias fuentes confirmaron a Vistazo que tres fueron las razones de peso para no optar por ese camino. Primero, la inestabilidad política alejaría las posibilidades de inversión privada y en consecuencia de empleo.
Segundo, la proximidad de las elecciones en Colombia -para fines de mayo- agitaría el tablero regional. Y tercero, nada garantizaba que el gobierno de Lasso pudiera asegurar, en las elecciones anticipadas, tanto la Presidencia como una cuota legislativa mayor que la actual, de 27 asambleístas incluyendo el bloque de aliados.
A pesar de que estudios de opinión mostraban que la población rechazaba el archivo de la Ley de Inversiones y se inclinaba a favor de disolver la Asamblea, la alternativa adoptada en Carondelet buscaba defender la institucionalidad. Sin embargo, el discurso presidencial tuvo un matiz polémico cuando declaró por esos días que esperaba gobernar sin el Legislativo.
NUEVO ESCENARIO
Las alianzas con Pachakutik (19 asambleístas, tras la expulsión de seis rebeldes) y con la Izquierda Democrática (15 curules) pasan a un estado de enfriamiento tras el bloqueo a la Ley de Inversiones.
El presidente Lasso acusó al excandidato presidencial Xavier Hervas de pedir favores consistentes en rebajas tributarias para sus empresas agroexportadoras, a cambio de gestionar los votos de sus coidearios en el Pleno. Hervas se defendió, explicando que esa versión faltaba a la verdad.
A renglón seguido, el Mandatario nombró a cinco legisladores de Pachakutik, que habrían solicitado favores a cambio de apoyar la Ley de Inversiones. Ellos son: Rosa Cerda, Édgar Quezada, Celestino Chumpi, Gisella Molina y Cristian Yucailla. “No hay corrupto, sin corruptor”, fue el argumento de los aludidos.
¿Qué escenarios baraja el Ejecutivo, a semanas de cumplir un año de su mandato? El flamante ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, anunció que la línea de diálogo está abierta hacia las cinco bancadas de la Asamblea, y no hacia una en particular.
Tres serían los límites del diálogo: no puede haber impunidad; no habrá acuerdo para enjuiciar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; tampoco se negociarán cambios de autoridades legislativas, que en teoría deben permanecer en funciones un año más, hasta mayo de 2023.
Jiménez no descartó el llamado a una consulta popular, a partir de tres ejes temáticos: empleo, seguridad y reforma política.
Jiménez fue secretario del Tribunal Electoral del Guayas en 2002. En 2008 (Gobierno de Rafael Correa) fue subsecretario del Ministerio de Gobierno.
Y hasta 2009 fue gobernador del Guayas. Cercano al movimiento Ruptura y a Juan Sebastián Roldán: en 2013 buscó una curul legislativa con esa tienda política. En las seccionales de 2019 fue candidato a la Alcaldía de Guayaquil por CREO.
En 2021 fue elegido asambleísta por Guayas. Antes de su posesión como legislador generó controversia al mencionar que la posibilidad de indulto estaba sobre la mesa de negociaciones con figuras políticas del correísmo, en nombre de la gobernabilidad. Por haber sido asambleísta, es considerado un puente de diálogo hacia otras tiendas. Diálogo, pero con las cartas sobre la mesa. La transparencia de los acuerdos legislativos es el único antídoto contra el canibalismo político.
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