La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra el exvicepresidente Jorge Glas y otros ocho exfuncionarios acusados de peculado, en el caso 'Reconstrucción de Manabí', se instaló este viernes 20 de diciembre de 2024.
Ante la Corte Nacional de Justicia, acudió el fiscal general del Estado (subrogante), Wilson Toainga, para solicitar el auto de llamamiento a juicio de los nueve procesados, por el presunto abuso de fondos públicos en favor de contratistas y fiscalizadores de contratos emergentes tras el terremoto del 16 de abril de 2016, con epicentro en Manabí.
El juez de la causa, Marco Aguirre, empezó la diligencia con la revisión de posibles nulidades. En su intervención, la defensa del exvicepresidente, Andrés Villegas, cuestionó el arresto "ilegal" de Glas en la Embajada de México en Quito, llevada a cabo el 5 de abril pasado, así como también pidió su traslado a un psiquiátrico.
Según el abogado, tras la aprehensión de Glas y su posterior encierro en la cárcel de máxima seguridad 'La Roca' en Guayaquil, la salud del ex segundo mandatario ha registrado un grave deterioro, debido a que lo habrían sometido a "torturas".
Villegas argumentó que los psiquiatras del Ministerio de Salud Pública han determinado que existe un "alto riesgo de que Glas se haga daño a sí mismo".
En base a ello, solicitó la aplicación del artículo 76 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece que una persona inimputable debido a un trastorno mental debe ser internada en un hospital psiquiátrico.
Este artículo dice textualmente: "el internamiento en un hospital psiquiátrico se aplica a la persona inimputable por trastorno mental. Su finalidad es lograr la superación de su perturbación y la inclusión social".
Tras el terremoto de 2016, el Gobierno de Rafael Correa implementó la 'Ley Solidaria', que recaudó más de 1.600 millones de dólares destinados a la reconstrucción y reactivación económica de las zonas afectadas.
La Fiscalía acusa a Glas, quien en ese entonces presidía el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva del Empleo, y a los demás procesados, de haber desviado los fondos hacia proyectos ajenos a la emergencia, lo que constituye un abuso de recursos públicos.
El juez suspendió la audiencia hasta las 14:30, momento en el que la Fiscalía continuará con sus alegaciones.