¿Cómo cobrar la millonaria glosa de 1.223 millones en la Refinería del Pacífico?
El Contralor reveló que los implicados pueden solicitar un recurso de revisión, y el trámite podría alargarse hasta por 10 años o más.
El contralor subrogante, Carlos Riofrío, lleva dos meses en el cargo y lo ocupará hasta marzo del próximo año, cuando se designe a una nueva autoridad por concurso. En esta entrevista explica los detalles de la millonaria glosa en Refinería del Pacifico y las acciones sobre otras auditorias en proceso. Dice que no le molesta haber sido designado por su antecesor Pablo Celi, censurado en la Asamblea e investigado por la justicia en un entramado de corrupción.
La Contraloría ratificó la glosa de 1.223 millones de dólares en la Refinería del Pacífico. Están glosados seis exfuncionarios, como el exvicepresidente Jorge Glas, y la empresa PDVSA.
—¿No le parece una glosa exorbitante? ¿Cómo cobrar más de 1.200 millones de dólares?
—Creo que ese tema debería preocupar a los glosados. Nosotros como institución simplemente hacemos el informe técnico. En función de eso, determinamos si realmente los recursos que fueron invertidos en ese proyecto se utilizaron o no, y si se cumplió o no el objetivo para el cual fueron asignados. Por lo tanto, nosotros no tenemos la capacidad de discernir entre si es mucho o poco el valor.
—¿La glosa es porque no se cumplió el objetivo de construir una refinería?
—En la Refinería del Pacífico se han hecho ocho exámenes de control. En el caso de la auditoría de gestión, entramos más profundamente en el tema de planificación y si se cumplió o no con el objetivo. ¿Se cumplió? Para qué me sirve aplanar o construir algún tipo de obra si finalmente eso no me contribuye al objetivo principal que era el incremento de la producción de derivados y productos afines, y la comercialización y exportación. Esto nunca llegó a cumplirse.
—¿Cuál es el proceso para determinar y cobrar una glosa? Porque muchas veces se habla de millonarias glosas y no sabemos si el Estado recupera o no el dinero.
—Se emite un informe que establece que existe un perjuicio a la identidad. Después pasa a la unidad de predeterminación para verificar si ese monto y el hecho están bien sustentados, legal y documentadamente. Con esa revisión y verificación, se hace una resolución de predeterminación del valor y se notifica a cada uno de los responsables. Así, damos la oportunidad al involucrado para que presente los justificativos. Eso se analiza y, a través, de un informe técnico se determina si el valor se confirma o a lo mejor se desvanece. Y procedemos a emitir una nueva resolución a fin de que se confirme el valor de la glosa.
—¿Ese el famoso proceso de desvanecimiento de glosas?
—Sí, lógicamente se puede desvanecer en esta etapa total o parcialmente, dependiendo de los justificativos y del informe técnico. Una vez que se notifica a los responsables, ellos pueden tener opción a un recurso de revisión. Si el sujeto no está conforme, tiene la opción de interponer un recurso ante el Contencioso Administrativo. Y tienen la opción todavía de acudir a la Corte Constitucional e, inclusive, hay casos que acuden a cortes internacionales.
—¿En qué etapa está la glosa de la Refinería del Pacífico este momento? ¿Los glosados todavía pueden apelar?
—Este momento está con la confirmación de determinación de responsabilidades. Ellos pueden solicitar un recurso de revisión. Y luego podrían recurrir a Contencioso Administrativo, Corte Constitucional, cortes internacionales y podrían pasar 10 años... No sabría decirle cuántos años pueden pasar en todo ese trámite.
—¿Cuánto tiene que pagar cada persona en este caso?
—Es una glosa solidaria por 1.223 millones de dólares. Como es solidaria, paga uno o pagan todos. Esa es la solidaridad de la responsabilidad civil. En otros casos hay las responsabilidades directas.
—¿Y cómo se cobra la glosa?
—Nosotros emitimos un título de crédito que va a nombre de las personas que están sancionadas civilmente con la glosa. Eso se les notifica y se procede al trámite de cobro. Puede ser mediante embargo. Eso es un proceso que va a coactivas y recaudación a fin de que se cumpla también el debido proceso para el cobro.
Ahora la Contraloría volvió a implementar el requisito de informes previos a una contratación para evitar, de alguna manera, el mal manejo de recursos públicos.
—¿Cómo avanzan con eso?
—Los informes de pertinencia que fueron dispuestos mediante Decreto ejecutivo 155, y ya lo estamos implementando desde el 16 de agosto. Se trata de contrataciones superiores o iguales a 962 mil dólares. El procedimiento está publicado en la página web de Contraloría.
—¿Cuántas solicitudes han recibido?
—Hasta el momento 156 trámites ingresados. Pero hemos tenido algunos inconvenientes porque ingresan para contrataciones inferiores a los 962 mil dólares y los tenemos que devolver.
—En otros temas, en estos dos meses como contralor subrogante, usted ha dicho que envió a Fiscalía 131 informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) que estaban represados desde hace años... ¿Por qué no se enviaron antes?
—Cuando fui designado contralor, solicité que se haga una revisión de cómo estaba la ejecución de los planes operativos de control a nivel nacional, a fin de verificar cómo se estaban tramitando y transparentando los resultados. Me informaron que existían informes de indicios de responsabilidad penal, algunos en provincia que, desde el año 2018-2019 y, me parece que, hasta enero del 2021, no se habían despachado a Fiscalía. Entonces solicité que se remitan de manera inmediata. Se han establecido las sanciones a ese personal que no dio el trámite oportuno.
—Específicamente, ¿a qué casos o entidades refieren estos informes?
—Son de diferentes instituciones públicas. En algunos casos no tienen monto (glosa) porque corresponde a falsificación de documentación. Y en los que sí tienen valores es porque determinó la auditoría el perjuicio económico que se causó el Estado. Por ejemplo, una (glosa) de 11,9 dólares de la provincia de Esmeraldas, de Aduanas.
—¿Recientemente estuvo en Yachay y habló de nuevas auditorías a la infraestructura? ¿Qué sorpresas traerán los nuevos informes?
—Estamos ingresando a verificar obras de un contrato de 62 millones de dólares, de los cuales se dio un anticipo de 31 millones. El contrato es para el soterramiento y alcantarillado. Pero se construyeron las vías antes del soterramiento y el alcantarillado. Eso es parte de lo que estamos revisando. Tenemos allí tres equipos de trabajo de auditores. A parte de eso, se están haciendo dos exámenes especiales para analizar operaciones administrativas y financieras.
—¿En qué otras infraestructuras harán nuevos exámenes?
—En Refinería de Esmeraldas se esta haciendo un examen especial. También en Coca Codo Sinclair y esperamos hacer unas visitas técnicas en las próximas semanas. Igualmente, a los Centros de Alto Rendimiento y el tema de las Olimpiadas: cómo se gastaron los recursos del Estado.
Los partidarios del correísmo dirán que se quiere desprestigiar sus obras emblemáticas y otros dirán que quiere congraciarse con estos temas de Olimpiadas, por ejemplo...
Nosotros no podemos dejar de considerar las denuncias, no podemos cerrar los ojos y decir mi plan es este y no observar lo que me están denunciando. Estamos al servicio de los ecuatorianos. Además, trabajamos con una planificación anual de acciones de control.
—¿Se postulará para el nuevo concurso de Contralor que iniciará en las próximas semanas?
—No es mi prioridad en este momento.
—¿Cómo se siente usted en el cargo de Contralor después de haber sido nombrado por alguien tan cuestionado como Pablo Celi y luego de todo el desprestigio que acarrea la institución?
—Bueno, yo tengo que decirle que es un honor ser Contralor General del Estado. Mucho más con el hecho de que soy servidor de 30 años de esta institución.
Lo único que le puedo decir es que el excontralor en funciones suscribió acciones de personal nombrándome a mí como subcontralor y después como contralor. No me siento incómodo. Es gratificante poder estar en la cabeza (de Contraloría) y hacer algo por la institución y por el país.
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