Caso Sinohydro: Fiscalía pide prisión preventiva contra expresidente Moreno y notificación a Interpol
En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se instaló este miércoles 19 de abril de 2023, la audiencia de revisión de medidas.
En la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se instaló este miércoles 19 de abril de 2023, la audiencia de revisión de medidas dentro del caso Sinohydro, en el que está procesado el expresidente Lenín Moreno y treinta y seis personas más, incluida una parte de su círculo familiar, por su supuesta participación en el delito de cohecho.
Con la presencia del fiscal general (s), Wilson Toainga, se dio inicio a la diligencia solicitada por la Fiscalía General del Estado, debido al incumplimiento por parte de varios procesados, entre ellos: Lenín Moreno, su esposa Rocío González, y su hija Irina Moreno.
En su pedido al juez, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para el expresidente, su esposa, su hija y otros siete implicados que incumplieron la presentación periódica.
Asimismo, solicitó que se notifique a Interpol para la localización y captura de los sospechosos.
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Red de corrupción
A inicios de marzo, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, formuló cargos contra el tambien exvicepresidente de la República, Lenín Moreno, y treinta y seis personas más, por una presunta red de corrupción que se habría beneficiado de alrededor de 76 millones de dólares en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro, constructora del proyecto Hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, y que habría operado entre 2009 y 2018.
Para sustentar la formulación y el pedido de medidas cautelares, la titular de Fiscalía relató las circunstancias de los hechos y enumeró 225 elementos de convicción que fueron obtenidos durante la investigación previa.
El juez de la Corte Nacional de Justicia, Adrián Rojas, ordenó el inicio de la instrucción fiscal de noventa días y dispuso las medidas cautelares de presentación cada quince días en la Secretaría de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador para Lenín Moreno, Judith G. y Xavier M.
El resto de los procesados (Luciano C., Henrry G., Francisco C., Cai R., Yang H., Song D., Liu A., Irina M., Guillermo M., Edwin M., Jacqueline V., Martha G., Conto P., María P., Juan P., Patricia P., Manuel P., Victoria P., Juan D., Mauricio P., Francisco Ch., Juan S., Antonio S., Rocío G., Mercedes C., José C., Carlos A., Ximena D., Pablo A., Pablo Z., Francisco E., Mónica O. y María B.) deben presentarse cada ocho días en la misma institución.
Además dictó prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia, excepto para Wu Y., para quien sí dictó prisión preventiva.
También, ordenó medidas de carácter real (inmovilizaciones y prohibiciones de enajenar bienes) por 154 millones de dólares a nivel nacional, que equivale al duplo del monto que habría sido entregado a los procesados, excepto aquellas cuentas en donde se reciba sus fondos por concepto de pensiones jubilares.
Dispuso, además, a la Fiscalía General del Estado que curse Asistencia Penal Internacional a Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice para inmovilizar las cuentas de ahorros, corrientes, pólizas de acumulación e inversiones que mantengan los procesados en los bancos de los sistemas financieros de estos países y que remita la Asistencia Penal Internacional a los mencionados países para solicitar la prohibición de enajenar bienes.
Durante la diligencia, la fiscal destacó que la empresa adjudicataria de la licitación, Sinohydro, habría entregado –a través de dádivas, cheques y transferencias– 76 millones de dólares a los treinta y siete procesados.
Expuso que estos valores se habrían cobrado a través de terceras personas, bajo la figura de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canalizadas a través de la empresa Recorsa –cuyo objeto social fue cambiado convenientemente en 2010–, que abrió una cuenta bancaria en Panamá, desde donde se canalizaron parte de las coimas.
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