Nicolás Maduro reelecto: ¿Cuál fue el argumento de la Corte para validar su controvertida victoria 'inapelable'?
El fallo ha intensificado las acusaciones de fraude electoral y manipulación judicial por parte de la oposición.
AFP y Redacción Vistazo viernes, 23 agosto 2024 - 08:17
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En una polémica decisión, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, convalidó este jueves la reelección de Nicolás Maduro como presidente. El fallo ha intensificado las acusaciones de fraude electoral y manipulación judicial por parte de la oposición.
Maduro había pedido "certificar" el resultado de las elecciones, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó vencedor con 52% de los votos. Por su parte, la oposición asegura haber ganado los comicios y acusa tanto al TSJ como al CNE de servir al chavismo.
La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral a cargo del caso, Caryslia Rodríguez, leyó la sentencia que "certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida" los "resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros" para "el período constitucional 2025-2031".
"¡Santa palabra!", exclamó Maduro ante una multitud en La Guaira a la "sentencia histórica y contundente" del TSJ.
Fallo "inapelable" a favor de Maduro
La magistrada citó un informe que concluyó que "los boletines emitidos" por el CNE "están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación" y "mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización". El fallo, subrayó, es inapelable.
Sin embargo, el TSJ no dio detalles técnicos del peritaje, como por ejemplo el tamaño de la muestra analizada.
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Rodríguez explicó que basó su decisión en un informe elaborado por expertos nacionales e internacionales "altamente calificados e idóneos", cuyas identidades se desconocen, así como detalles de todo el proceso de validación, que se llevó a cabo sin presencia de representantes de la oposición mayoritaria.
Liderada por María Corina Machado, la oposición asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó con 67% de los votos y publicó en una página web copias de las actas que, sostiene, lo prueban. El chavismo ha dicho que el material es "forjado".
"Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. Ganamos abrumadoramente (...) dictaron una sentencia para complacer al régimen" de Maduro, dijo el opositor en un video difundido en redes.
Juristas coinciden en que la acción del TSJ era improcedente, al sostener que la corte asume atribuciones que corresponden al CNE.
"Consolidar el fraude"
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos desconocen la proclamación de Maduro para su tercer mandato de seis años.
"No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones", fustigó el presidente de Chile, Gabriel Boric, crítico de Maduro. Su homólogo uruguayo, Luis Lacalle Pou, coincidió en que el fallo sólo confirma un "fraude".
Una misión independiente de la ONU para evaluar la situación de derechos humanos en Venezuela afirmó que la máxima corte y el CNE "han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado".
Por su parte, el TSJ ha señalado que el material electoral queda bajo su "resguardo" y exhortó al CNE a publicar en gaceta oficial los "resultados definitivos", sin pedir detalle mesa por mesa.
Mientras tanto Maduro acusa a González Urrutia y Machado de promover la violencia e incitar un golpe de Estado, tras las protestas que estallaron al conocerse el resultado con saldo de 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El mandatario pidió cárcel para ambos y la fiscalía abrió una investigación penal.
El Parlamento, controlado por el chavismo, impulsa por su parte una serie de leyes que incluye una legislación contra el fascismo -término que Maduro suele usar para descalificar a sus adversarios- y una para regular las redes sociales. La plataforma X está bloqueada. Ya fue votada una ley de fiscalización de oenegés, criticada por activistas.
