Nuevos elementos alrededor del caso Ligados. Al expediente se han sumado transcripciones de audio sustraídas de los celulares de Augusto Verduga e incluso se habla de un disco duro con conversaciones. Por su parte, el exconsejero de Participación Ciudadana cuestiona que se expongan estas pericias a pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador.
La Fiscalía lleva a cabo una investigación contra Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, exvocales del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). También es parte del proceso Nicol Bonifaz, quien aún sigue en esa institución.
Ellos habrían incurrido en el delito de asociación ilícita en el marco de varios hechos. Por ejemplo, la designación irregular de Raúl González como Superintendente de Bancos para el período 2022 – 2027, incumpliendo un dictamen de la Corte Constitucional de diciembre de 2024.
Es así que el Ministerio Público efectuó un allanamiento a finales de enero del 2025 e incautó los celulares de Augusto Verduga, de los cuales se han extraído múltiples conversaciones que dejarían en evidencia una serie de estrategias de la denominada Liga Azul, afín al correísmo, para cooptar organismos de control.
Ahora se ha agregado al expediente un informe pericial con transcripciones de audio también pertenecientes a los dispositivos de Verduga.
Sobre este tema se pronunció el ministro de Gobierno, José De La Gasca, quien acudió el pasado miércoles a la Comisión de Seguridad de la Asamblea para hablar sobre el caso Ligados.
En unas declaraciones a medios de comunicación, el funcionario adelantó que en las nuevas transcripciones de audio se evidenciarían “cosas muy delicadas”.
Por el momento, la Fiscalía aún no ha hecho públicas las transcripciones completas de los audios del celular de Augusto Verduga, pero desde ayer se han empezado a filtrar algunos extractos.
Por ejemplo, hay una conversación entre Verduga y su hermano Abraham en la que el exconsejero de Participación Ciudadana presume que Alembert Vera, expresidente de ese organismo, ayudó a un concursante en el proceso para escoger al nuevo Contralor General del Estado.
“Creo que le sacaron el examen, volvieron a poner un examen con las respuestas correctas como si hubiera hecho él y el otro lo quemaron. Estoy casi seguro que así fue pero Alembert Vera nunca me dijo esto”, narró Verduga.
Mientras que en otro audio se escucha a Paola Pabón, prefecta de Pichincha, mostrar su desacuerdo con la candidatura presidencial de Luisa González.
“Creo que los números de Luisa y le he dicho a ella, le he dicho al presidente, les he dicho a varios de los compañeros, son un techo, no son un piso y eso a mí me preocupa enormemente”, comentó Pabón, quien creía que había mejores opciones como ella.
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Por su parte, Augusto Verduga publicó un video en sus redes sociales en el que cuestiona el papel de la Fiscalía a puertas del balotaje.
“A solo tres días de la segunda vuelta en Ecuador, la Fiscalía General del Estado, en complicidad con el Gobierno de Noboa, ahora dice que ha encontrado audios en mis dispositivos, se refieren a un disco duro que dicen que me han retenido en mi oficina. Nunca he tenido ningún disco duro”, aseguró Verduga.
Agregó que “el Gobierno de Daniel Noboa sabe que va a perder las elecciones y la Fiscalía acolita de Noboa está militando la causa Ligados”.
Por su parte, el Ministerio Público, que ya formuló cargos contra los tres exconsejeros y la actual consejera del Cpccs, ha sustentado la acusación con varios elementos de convicción, aparte de la extracción de los chats, como el informe de informática forense, versiones de los denunciantes, el parte policial del allanamiento, la inspección ocular técnica, el informe de reconocimiento de objetos e indicios y documentación.
La institución estima que los exconsejeros “habrían utilizado su cargo para proyectar un control del Estado a través de otros presuntos delitos, como tráfico de influencias, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente y usurpación de funciones públicas”.
“Entre estos actos se incluiría la designación de autoridades afines a un partido político, como el Superintendente de Bancos”, apunta la Fiscalía.