Anotó que las sentenciadas causaron un perjuicio económico a 400 socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fray Manuel Salcedo, por más de cuatro millones de dólares.
El Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Cotopaxi valoró las pruebas presentadas en la audiencia de juicio por la fiscal del caso, quien mencionó que los presidentes del Consejo de Vigilancia y del Consejo de Administración de dicha cooperativa denunciaron "los malos manejos operativos y financieros por parte de la gerente, Nancy G., tras impedir el funcionamiento de los consejos directivos para verificar los inconvenientes".
Según los denunciantes, el 14 de mayo de 2018 acudieron a dicha entidad y encontraron a varias personas reclamando el pago de sus cuentas y de pólizas a plazo fijo.
"Entre ellas, figura un ciudadano a quien la procesada le había firmado un documento en una notaría, en donde se comprometía a devolverle el dinero de la póliza por cuanto la cooperativa ya no tenía liquidez", indicó la Fiscalía en un comunicado.
A partir de esa fecha, relató, comenzaron los reclamos de los socios, a quienes la procesada les había contactado personalmente para que inviertan en dicha institución financiera y a cambio les pagaría el dinero y los intereses respectivos, pero la cooperativa no cumplió.
Ante el gran número de denuncias, la Fiscalía inició las investigaciones y dispuso una auditoría contable, la cual determinó un perjuicio económico de 4.226.923,15 dólares.
"Se confirmó que la gerente y sus hermanas Adela y Nelly G.G. ejecutaron dolosamente operaciones que disminuyeron los activos de la entidad financiera, por lo que no pudieron responder a los socios", reza el escrito.
Para establecer la materialidad de la infracción y la responsabilidad penal de las procesadas, la Fiscalía presentó los testimonios de las víctimas y de los peritos contables, quienes establecieron el monto del perjuicio económico.
También expuso los testimonios de los miembros de los consejos de administración y vigilancia y de los funcionarios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y de trabajadores de la Cooperativa, con quienes se pudo establecer que las tres procesadas realizaban captaciones de dinero, indicó.
Además, constan los testimonios de la contadora que realizó los balances, de los peritos que efectuaron el reconocimiento del lugar de los hechos, así como la pericia de audio, vídeo y afines.
Como prueba documental se presentaron los certificados de depósitos a plazo fijo, un certificado del registro de la directiva otorgado por la SEPS, en el que constaba como gerente Nancy G.G., los contratos laborales de Adela y Nelly, los movimientos de las cuentas de las procesadas y de una hija de ellas, entre otros elementos probatorios.
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