Este lunes 29 de julio, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se llevó a cabo la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra el exministro de Minería, Javier C., quien sirvió bajo el gobierno de Rafael Correa. El exministro, actualmente prófugo de la justicia, es procesado en ausencia por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La diligencia contó con la presencia del fiscal general del Estado (subrogante), Wilson Toainga. En el proceso, se presentaron 110 elementos de convicción por parte de la Fiscalía, los cuales, según el ente acusador, prueban la responsabilidad directa de Javier C. en el delito imputado.
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Desde enero de este año, Javier C. ha sido buscado internacionalmente bajo una circular roja emitida por la Interpol, luego de que se dictara prisión preventiva en su contra. A pesar de su ausencia, la Fiscalía ha continuado con el caso, logrando que el juez declare la validez procesal de todas las actuaciones realizadas hasta el momento.
Ayer, el fiscal general subrogante emitió un dictamen acusatorio, solicitando al juez nacional Marco Rodríguez Ruiz que llame a juicio al exministro como autor directo del delito de enriquecimiento ilícito.
La audiencia fue suspendida y se anunció que se reinstalará el lunes 5 de agosto a las 8:30 para que el juez emita su resolución final sobre el caso.
En enero pasado, el juez nacional Marco Rodríguez dictó prisión preventiva contra el procesado y dispuso su localización y captura, para lo cual se ha oficiado a la Interpol para que rastree su ubicación, sobre todo en Colombia y Estados Unidos.
Además, ordenó la retención del dinero que mantenga el procesado en las cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de transferir, enajenar o mover bienes inmuebles y vehículos por un monto de 1’141.669,68 dólares.
Según las investigaciones de Fiscalía, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de enero de 2018, Javier Felipe C. ocupó varios cargos públicos en calidad de Ministro del Interior, Ministro de Recursos Naturales No renovables y Ministro de Minería.
Durante ese periodo existió un aumento patrimonial injustificado por parte del procesado, el cual se produjo de forma constante y continuada, a través de actividades financieras de diversa índole, como el pago de valores por parte de terceras personas en efectivo, cheques y transferencias por supuestas relaciones comerciales, societarias y préstamos sin que los mismos contaran con justificación o respaldo documentado alguno.
También con la compraventa de motocicletas, adquisición de vehículos con pagos efectuados por terceros, depósitos o transferencias de personas particulares y públicas, y la cancelación de deudas en sus tarjetas de crédito por ciudadanos con quienes no tenía relación comercial.
Entre los elementos de convicción presentados se incluyeron: el informe de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, como parte del examen especial a las declaraciones patrimoniales juradas del procesado.
Además, versiones y el informe de análisis financiero, del cual se desprende que la suma de los ingresos recibidos en las cuentas del procesado por terceras personas es de 224.886 dólares, el valor cancelado en las tarjetas de crédito es de 809.858,48, más 166.476,85 (monto cancelado por vehículos cuya procedencia se desconoce), lo que da un total de 1’141.669,68 dólares, monto que correspondería al presunto enriquecimiento ilícito.