El cambio de matriz energética fue una promesa que el Gobierno planteó hace casi una década. El principal socio en esa ambiciosa apuesta para generar energía limpia fue China.
El panorama de partida era éste: el 83 por ciento de la demanda de energía dependía de los combustibles fósiles. Para 2014, cuando se promocionaba la transformación, solo el siete por ciento de la producción total provenía de energía renovable. Entre las fuentes de esta forma de energía se encuentra la generación hidroeléctrica. Ésta consiste en captar el caudal de los ríos para mover turbinas que producen electricidad. Puede sonar sencillo; en realidad, se trata de obras de alta ingeniería. Los trabajos suelen implicar la construcción de túneles y otras intervenciones de magnitud, inclusive, en el curso de los ríos.
El ambicioso plan incluía casi una decena de proyectos de generación hidroeléctrica. Fue lanzado durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, con el financiamiento, sea parcial o total, de préstamos chinos. Estos créditos llegaron, en casi todos los casos, atados a la contratación de empresas de ese país, para la ejecución de las obras de ingeniería y de electricidad. En realidad, los proyectos habían sido identificados a fines del siglo pasado, porque eran parte del Plan Maestro de Electricidad, elaborado por el (ya desaparecido) Instituto Nacional de Electrificación, Inecel.
Esta alianza se propuso identificar el balance del plan del cambio de la matriz energética. Hay avances, sí; también problemas. Una de cal y una de arena.
El punto de partida fue información del Servicio de Rentas Internas (SRI), según la cual, las empresas de origen chino que no han pagado impuesto a la renta en los últimos años, no han declarado utilidades porque el Estado ecuatoriano no ha recibido aún las centrales hidroeléctricas. Eso es parcialmente cierto; no aplica en todos los casos.
Para corroborar esta información, requerimos a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) datos actualizados sobre el estado de seis proyectos de centrales hidroeléctricas, cuyo financiamiento se hallaba atado a préstamos chinos. Estos son los resultados.
Las centrales financiadas y construidas por empresas chinas
Las hidroeléctricas
Las seis centrales en cuestión son: Coca Codo Sinclair (1.500 MW de potencia); Sopladora (487 MW); Minas San Francisco (270 MW), Delsitanisagua (180 MW); Mazar Dudas (21 MW) y Quijos (50 MW). El costo inicial de estos seis proyectos hidroeléctricos en conjunto totalizaba 4.053 millones de dólares.
En la práctica, solo la central Delsitanisagua tuvo una condición contractual de precio fijo. Por eso el precio inicial y el definitivo no varían: 258,6 millones de dólares. La central entró en operación en 2018, pero la recepción definitiva se produjo a fines de mayo de 2021. Se encuentra en la provincia de Zamora Chinchipe, aprovecha el caudal del río Zamora.
En dos de los proyectos aún no se conoce el valor final. Uno de ellos es la central Coca Codo Sinclair. Inicialmente, se previó el presupuesto de 2.439 millones de dólares. Del monto, el 70 por ciento sería financiado con un crédito del Eximbank de China. Está pendiente la recepción definitiva de la obra, y solo entonces se conocerá el valor final.
Es, por cierto, la central más cara, la que más debe producir y la más compleja de este conjunto, por los daños posteriores al entorno, debido al fenómeno de erosión regresiva. ¿Su aporte? Entró en operación en 2016. Desde el inicio ha contribuido al ahorro de 18, 7 millones de toneladas de CO2 al ambiente. Por venta de energía ha producido 81,4 millones de dólares. Por dificultades técnicas y por el fenómeno erosivo, la recepción definitiva aún no se concreta.
La otra central que no ha sido recibida aún es Quijos. Es el proyecto más pequeño en generación, pero no por ello menos conflictivo. El caso merece un capítulo aparte.
Incumplimientos
Ocho años han pasado desde que la empresa China National Electric Engineering Company fue declarada incumplida por el gobierno ecuatoriano, tras la fallida construcción del proyecto hidroeléctrico Quijos, en la provincia amazónica de Napo.
El proyecto, con capacidad para generar 50 megawatios (MW), inició su construcción en enero de 2012, e iba a abastecer de energía hidroeléctrica a un buen segmento de la población de Napo.
Fuentes cercanas al proyecto informaron que durante la construcción, la compañía incumplió cláusulas contractuales, al utilizar métodos técnicos descontinuados, concretamente, en la excavación del túnel. Además, afirman que no contaba con la maquinaria moderna y adecuada para los trabajos.
El analista en materia eléctrica, Gabriel Secaira, asegura que la contratista tampoco tenía un personal especializado, que trajo de la misma China, para ejecutar los trabajos. «Tenía poca experiencia en este tipo de obras «, opina.
También había problemas geológicos en el túnel, durante el inicio de la construcción. A marzo de 2015, Quijos registraba un avance del 46 por ciento en su ejecución. A esa fecha se habían invertido 80 millones de dólares. Y, según cálculos preliminares, se necesitan 130 millones más para terminar la construcción.
Según Celec, se encuentra revisando variables para la reactivación. No se sabe si a la terminación del contrato se cobraron las garantías, por incumplimiento de cláusulas contractuales.
La misma empresa china fue contratada para la construcción del proyecto hidroeléctrico Mazar Dudas, en el austro del país, con una potencia de 21 MW. También fue declarada incumplida. Por lo tanto, CELEC dio por terminado el contrato en diciembre de 2015. La compañía Astudillo Guillén Construcciones asumió la continuación de los trabajos y la primera de las tres centrales (central Alazán) entró en funcionamiento en 2017. Sin embargo, en agosto de 2018 se suscribió el acta de terminación por mutuo acuerdo del contrato de obras civiles, en la central San Antonio, la segunda del proyecto.
Un dato llama la atención. Recién en 2021, tres centrales hidroeléctricas de las seis analizadas fueron recibidas oficial y definitivamente. En abril de ese año, Sopladora y Minas San Francisco. Y un mes más tarde, Delsitanisagua.
En Sopladora y Minas San Francisco resaltan las diferencias entre los precios iniciales y los definitivos. En Sopladora, la diferencia es de 9,3 millones de dólares, valor que incluye contratos complementarios.
Sopladora fue inaugurada el 25 de agosto de 2016, por el gobierno del entonces presidente Rafael Correa. Esa inauguración tuvo un sabor de precampaña electoral, ya que para los comicios de 2017 correría su entonces ungido, Lenin Moreno. En esa ceremonia, Correa reveló que querían entregar todas las hidroeléctricas (ocho en total) para el primer semestre de 2016, pero sufrieron un atraso. Sopladora, con capacidad de 487 MW, es parte del complejo Paute.
En el discurso de inauguración Correa afirmó que “En Sopladora hemos invertido 755 millones de dólares entre obra civil, equipamiento, fiscalización y administración. Ese es el tan satanizado gasto público. El 85 por ciento de financiamiento del contrato de construcción se hizo con un crédito del EximBank de China con condiciones beneficiosas para el país, y el 15 por ciento con recursos fiscales”. Con su funcionamiento, afirmaba, el país dejaría de invertir 276 millones de dólares anuales, en importar diesel para la generación termoeléctrica.
En suma, con ocho hidroeléctricas, decía Correa, se habían invertido cinco mil millones de dólares, que recuperarían en cinco años, pues cada año de funcionamiento implicaría un ahorro de mil millones de dólares.
La promesa se cumplió a medias. Los gastos posteriores por encarecimiento de las obras, debido a fallas, especialmente en Coca Codo, han sido un verdadero dolor de cabeza para el Estado. Esto ha implicado litigios y paras constantes en la central, que siete años después no es entregada oficialmente. Además de un proceso judicial en el que están involucrados desde el expresidente Lenin Moreno hasta algunos de sus familiares y exfuncionarios, así como el Exembajador de China. Esa es la otra faceta de estos proyectos: la corrupción, que ha sido una constante.
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