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¿Qué hacer para que funcione el bloqueo de la señal de telefonía celular en las cárceles de Ecuador?

Según el SNAI, la población penitenciaria es de más de 34 mil personas. Una tercera parte está en Guayas.

viernes, 4 abril 2025 - 18:23
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"En estas visitas sorpresivas que hacemos nosotros a la Penitenciaría del Litoral como Bloque de Seguridad pude revisar y constatar que existe señal de celular. Fue cuando salí a pedir a las operadoras que necesitábamos que cortaran la señal en la zona", afirmó John Reimberg, ministro del Interior, el pasado 27 de marzo.

Este pedido público del funcionario de Estado generó un debate sobre por qué este tipo de medidas, de bloqueo de la señal de telefonía o de colocación de inhibidores en los centros carcelarios no han funcionado eficientemente en los últimos años.

Cientos de operativos en los que requisan celulares y otros dispositivos electrónicos dan cuenta de que los presos mantienen comunicación con el exterior. Incluso algunos cabecillas, convierten a las cárceles en su centro de operaciones para dirigir actividades ilícitas en el exterior.

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Una de las causas es la oposición de las personas privadas de libertad a ese tipo de tecnología. Por ejemplo, el disturbio que se produjo en la cárcel de Latacunga , el 5 de junio de 2018, fue en contra del uso de inhibidores de señal para teléfonos celulares. En esa ocasión se registró un reo fallecido.

Cárceles son consideradas zonas de seguridad en Ecuador

Las cárceles fueron declaradas zonas de seguridad hace un año, en el Decreto Ejecutivo 218 del 7 de abril de 2024. Se señala que la seguridad intramuros y extramuros, física y procesal de los centros de privación de libertad estará bajo el liderazgo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Mientras que la seguridad dinámica, es decir, la gestión penitenciaria será responsabilidad de SNAI .

En ese Decreto también se dispuso que el ente rector de telecomunicaciones ejecutará el proceso que corresponde para inhabilitar la señal y desactivar las telecomunicaciones o cualquier tipo de conectividad en los centros de privación de libertad a nivel nacional.

En base a esa disposición, el ministro del Interior pidió a las operadoras de telefonía que cortaran la señal en los centros penitenciarios, en especial en la Penitenciaría del Litoral.

"A través del Ministerio de Telecomunicaciones he hecho lo pertinente para que vuelvan a informar a las operadoras del corte y si las operadoras no realizan el corte procederemos a hacer las demandas pertinentes porque esas son zonas de seguridad y como zonas de seguridad tenemos el control total de lo que sucede ahí", indicó Reimberg.

Ese mismo día, el ministro indicó que la llegada de los nuevos inhibidores está prevista dentro de ocho semanas.

La respuesta de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) fue que "en áreas donde coexisten centros e privación de libertad con viviendas, pequeños negocios y empresas, consideramos importante precisar que no es factible apagar las señales de las redes de telecomunicaciones en dichas áreas, sin afectar a la comunidad y sus actividades productivas".

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Por ello, Asetel señala que el gremio ha puesto a disposición de la autoridad de telecomunicaciones herramientas complementarias que permiten aplicar restricciones técnicas dentro de los límites viables.

En los nuevos contratos de concesión se debe considerar el bloqueo de señal en las cárceles

"La petición del Gobierno de casi exigir a las operadoras que corten la señal puede ser legítima, pero no es tan fácil, porque sería apagar las antenas de transmisión, pero eso haría que la población civil se vea perjudicada", afirma Hugo Carrión, experto en telecomunicaciones.

Una de las alternativas, según Carrión, es hacer una subdivisión de las celdas en microceldas y, con eso, lograr que el área de cobertura de la cárcel quede excluida. "Eso significa un mayor costo porque sería instalar más infraestructura, a la cual no están obligadas las operadoras celulares. Quizás en el momento en que vive Ecuador respecto a la renovación de los contratos de concesión podría ser una oportunidad para que se incluya y se negocie como obligatorio que, dentro de su plan de despliegue de la cobertura, excluyan de manera premeditada y planificada a los centros penitenciarios", indica Carrión.

Actualmente, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) está negociando los nuevos contratos de concesión con Otecel y Conecel.

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Además, en los nuevos contratos se deben definir, a criterio del experto, si esa inversión es ejecutada por las operadoras, por el Estado o en un esfuerzo conjunto. En este caso, también se debería incluir a la estatal CNT.

El experto enfatiza que el hecho de evitar que la población penitenciaria tenga acceso de comunicación al exterior es legítimo, ya que este derecho a la comunicación está siendo mal utilizado para continuar con muchas de las actividades delictivas.

Para comprender mejor, la telefonía celular es un sistema de telecomunicaciones móviles que subdivide una zona en pequeños sectores en forma hexagonal que se denominan celdas o células, y en cada una de esas celdas está presente una radio base, las cuales están interconectadas.

El experto indica que a partir de la experiencia en el diseño de los centros penitenciarios, siempre se ha buscado construir en lugares alejados de las zonas pobladas o donde hay dispersión habitacional.

"Una buena solución es ubicar estas cárceles en lugares alejados por seguridad y porque la cobertura celular estaría excluida y ya no tendría que invertir en inhibidores", indica Hugo Carrión.

No solo es cuestión tecnológica

El primer paso es hacer un inventario y un mapeo de la conectividad en cada una de las cárceles.

"Hay que saber cuál es su aproximación con las radio bases porque cada una de las situaciones va a ser diferente. En algunos casos, la solución va a ser el sistema de inhibición, en otras, si están alejadas de zonas urbanas, se puede disminuir la potencia de los transmisores, entre muchas otras alternativas tecnológicas", afirma Hugo Carrión.

$!En los alrededores de la Penitenciaría del Litoral, las autoridades identificaron que 16 locales no contaban con los permisos de funcionamiento.

El experto indica que los inhibidores se pueden utilizar eficientemente en construcciones antiguas. Lo que hacen esos equipos es emitir señales de radiofrecuencia de ruido, lo que provoca que los teléfonos celulares en las cárceles no puedan detectar la señal de la red y por lo tanto no puedan conectarse. Al igual que avanza la tecnología, ahora 4G en Ecuador, y muy pronto 5G, los inhibidores también deben actualizarse, al igual que se opta por la alternativa de microceldas.

Para el experto, la solución no sólo es tecnológica, sino también ética y administrativa. "Muchos de los grupos delincuenciales lo que hacen es dañar estos equipos para que no funcionen. Hay que tener otras alternativas adicionales como reforzar los controles internos de las personas que administran esos sistemas y de quienes resguardan el acceso a las cárceles", indica Carrión.

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En este caso, el ministro del Interior, John Reimberg, indicó que tienen previsto cortar también la señal de internet en las áreas cercanas a las prisiones.

“Les hemos solicitado que retiren los sistemas de forma voluntaria; si no lo hacen, realizaremos el retiro forzoso. Esto incluye las viviendas cercanas con altas capacidades y velocidades. Vamos a intervenir y desmantelar estos sistemas”, señaló el ministro, el pasado 28 de marzo.

El funcionario indicó, el 3 de abril, que se realizó una limpieza general a los alrededores de la Penitenciaría del Litoral . "Con maquinaria se excavó dos metros de profundidad a lo largo de todo el perímetro para cortar todo el cableado existente".

Reimberg indicó que se tiene previsto ampliar la zona de seguridad alrededor de las cárceles, ya que informes de inteligencia han identificado que familiares y allegados de grupos delictivos compran terrenos cerca de las cárceles con el propósito de facilitar la comunicación y logística de los reclusos. Además, en las zonas con alta conflictividad se implementan acciones de apoyo social a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y las gobernaciones.

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