La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Ecuador a adoptar medidas "inmediatas" ante la persistencia de graves hechos de violencia dentro de las cárceles.
A través de un informe publicado este martes 14 de enero, el organismo internacional reiteró su "preocupación" y pidió al Estado garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas bajo su custodia.
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Según el informe de la CIDH, entre el 1 de enero de 2020 al 4 de diciembre de 2024 se han registrado 591 muertes de personas privadas de libertad a causa de la violencia intracarcelaria (37 tuvieron lugar en 2024).
A pesar de la disminución en la cantidad de incidentes y víctimas fatales en comparación con los años 2021 (316 fallecimientos) y 2022 (122 fallecimientos) producto de diversas medidas estatales, "preocupa que estas muertes tuvieron lugar en un contexto de reiterados enfrentamientos a los que la CIDH viene dando seguimiento", señala el comunicado.
Los hechos más recientes ocurrieron en el Centro de Privación de Libertad Guayas No. 1, también conocido como "Penitenciaría del Litoral".
El pasado 3 de diciembre, tres granadas explotaron en el comedor de la Penitenciaría, provocando heridas en al menos nueve personas detenidas, un guardia y un militar; posteriormente se presentaron nuevos enfrentamientos que resultaron en una persona fallecida y siete heridas.
Anteriormente, en noviembre, la CIDH condenó la muerte de al menos 15 personas encarceladas, y 14 personas heridas en el mismo centro.
Entre los factores que derivan en la violencia intracarcelaria en Ecuador, se encuentran la ausencia de control de los centros penitenciarios por parte del Estado, la existencia de sistemas de autogobierno, corrupción y la insuficiencia de personal de seguridad.
"En particular, las cárceles donde han ocurrido hechos violentos están dominadas por grupos del crimen organizado, quienes ejercen el control intramuros", enfatizó la CIDH.
La Comisión advirtió, además, que estos hechos de violencia intracarcelaria no son aislados, sino que "se enmarcan en los desafíos que enfrenta el Estado ecuatoriano para garantizar la seguridad de sus habitantes ante el fortalecimiento y la escalada de violencia provocada por el crimen organizado".
Por lo tanto, se enfatizó la importancia de contar con políticas públicas en materia de seguridad que incluyan un enfoque de derechos humanos.
La CIDH recordó que el Gobierno está obligado a prevenir la violencia en los centros de detención y controlar el accionar de organizaciones delictivas. "(El Estado) debe investigar de oficio, de forma seria, pronta e imparcial y con debida diligencia los hechos de violencia e, identificar y sancionar a los responsables", añade el comunicado.
Finalmente, la Comisión Interamericana dijo que continuará dando seguimiento, a través de sus distintos mecanismos, a la situación de las personas privadas de libertad en Ecuador.
También reiteró su disposición para brindar cooperación técnica al Estado en sus esfuerzos para superar "la grave crisis penitenciaria".