Los testigos del caso Las Malvinas, relacionado con la desaparición y posterior hallazgo de los restos calcinados de los cuatro menores en diciembre pasado, comparecerán esta semana para rendir su versión. Mientras tanto, el expediente judicial del proceso llegó este lunes 13 de enero a la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
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Los militares procesados, acusados del delito de desaparición forzada, presentaron recursos de apelación contra la prisión preventiva dictada en su contra el 31 de diciembre.
La competencia del caso recayó en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Este tribunal está conformado por los jueces Paredes Fernández Juan Aurelio (quien reemplaza al abogado Coronel Álvarez Leodán Estalin como ponente), Vásquez Rodríguez Carmen y Díaz Ruilova Demóstenes Demetrio.
Mientras que, la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil dispuso este lunes a los familiares de los menores —Ismael y Josué Arroyo (de 15 y 14 años), Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11)— acudan en cualquier hora hábil dentro de tres días para reconocer el contenido de la acusación particular, conforme lo establece el artículo 433, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Asimismo, se notificó la realización del testimonio anticipado, programado para el próximo jueves 16 de enero a las 14:00. Esta diligencia se llevará a cabo en la Cámara de Gessell de la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil, ubicada en la Cdla. Valdivia, en la intersección de las avenidas 25 de Julio y Esteros, diagonal al Registro Civil Sur.
La Defensoría Pública fue informada sobre la designación de un defensor para representar a los testigos en caso de que no cuenten con abogados particulares. Además, se declaró la diligencia como restringida para proteger la identidad de los testigos.
El caso se originó el pasado 8 de diciembre, cuando los menores fueron aprehendidos por 16 militares en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil.
Los niños fueron trasladados a Taura, una zona rural ubicada a 30 kilómetros de la ciudad, donde se encuentra una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Según las versiones de los militares, los menores fueron liberados en el camino. Sin embargo, esa noche se perdió el rastro de los menores hasta el 31 de diciembre, cuando la Fiscalía confirmó que las osamentas calcinadas halladas en una zona de difícil acceso en Taura correspondían a los cuatro menores desaparecidos.