Las familias de los cuatro menores, asesinados tras ser detenidos por una patrulla militar en Guayaquil, presentarán una acusación particular en contra de los 16 uniformados procesados por desaparición forzada con el objetivo de exigir una reparación integral al Estado.
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Abraham Aguirre, uno de los abogados de las víctimas y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), comentó a la cadena Ecuavisa que esta medida permitirá a los padres ser parte activa del proceso penal.
Además, les permitirá solicitar una reparación integral, que constaría del pago de un monto económico. “Se va a establecer un cálculo en virtud de las edades, de los proyectos de vida del niño y los tres adolescentes”, aseguró el jurista.
También, se pretende pedir una reparación simbólica que reconozca la afectación emocional y social que han sufrido las familias. Para ello, se contempla exigir una disculpa pública al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía.
El abogado manifestó a Vistazo que en el transcurso de la tarde se reunirán con las familias y luego presentarán la acusación particular.
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El ministro de Gobierno, José De La Gasca, reiteró este lunes en una entrevista con la cadena Teleamazonas que el asesinato de los cuatro menores de Las Malvinas, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en una zona de difícil acceso de Taura (cantón Naranjal), no se puede calificar como un crimen de Estado.
Asimismo, el funcionario subrayó que el Gobierno no tapará a nadie y que dejará que la justicia dictamine responsabilidades.
Por su parte, el abogado Fernando Bastias comentó en entrevista con Ecuavisa que la Fiscalía también deberá abrir otra investigación para determinar las causas del asesinato de los cuatro menores, lo cual podría configurar en una ejecución extrajudicial.
Mientras tanto, el Ministerio de Defensa apeló el habeas corpus presentado por las familias de los cuatro menores y, con el cual se estableció que el caso sea tratado como una desaparición forzada. Asimismo, la defensa de los 16 militares investigados apeló la prisión preventiva, dictaminada el pasado 31 de diciembre de 2024.
Los miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) fueron trasladados a la cárcel de Latacunga y quedaron en el área transitoria de ese penal.