La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que los cuatro cuerpos hallados en la parroquia Taura, en el cantón Naranjal (Guayas), pertenecen a los menores de edad desaparecidos el pasado 8 de diciembre en Guayaquil.
El Ministerio Público informó que los resultados de las pericias de genética forense confirmaron que los cadáveres hallados calcinados en medio de manglares, el pasado 24 de diciembre, son de Ismael Arroyo, Josué Arroyo, Steven Medina y Saúl Arboleda.
La noticia llega el mismo día en que la justicia ecuatoriana dictó prisión preventiva contra 16 militares investigados por el presunto delito de desaparición forzada tras analizar los elementos de convicción presentados por el fiscal.
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Todo empezó la noche del domingo 8, después de que los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, salieron a jugar fútbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de la ciudad, según sus familiares. No obstante, fueron detenidos por una patrullamilitar por, supuestamente, haber particpado de un robo en las inmediaciones de Mall del Sur.
En videos que se difundieron en redes sociales se puede ver cómo los militares los aprehendieron cuando estaban caminando cerca del centro comercial. Luego se los llevaron hacia Taura, una zona a unos 30 kilómetros de Guayaquil en donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).
Desde esa noche, se desconoce el paradero de los menores, a los que, según los militares, los dejaron con vida en el camino hacia la base aérea.
El pasado martes, una jueza determinó que esta desaparición debe ser investigada como “forzada” y con “responsabilidad del Estado”, tras aceptar el habeas corpus interpuesto por las familias de los menores y afirmó que durante la audiencia se presentaron elementos que hacen presumir que los 16 militares que actuaron en la aprehensión “no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos”.
En esa misma diligencia, la defensa de los investigados señaló que la aprehensión se realizó porque los militares fueron alertados de que los menores “aparentemente, habían cometido algún tipo de acto contrario a la ley”.
Sin embargo, el fiscal Christian Fárez, quien también estuvo presente, señaló que en el proceso judicial que él investiga no existe ningún elemento que indique algún “acto ilícito que hayan cometido los niños”.