Masacre en la Penitenciaría del Litoral: la intervención militar en las cárceles, una medida insuficiente
Expertos en seguridad señalan que la militarización revela la falta de políticas públicas y las fallas en el sistema de inteligencia penitenciario, tras la última masacre.
Tras una relativa calma, la Penitenciaría del Litoral volvió a encenderse con disturbios provocados por reos del pabellón tres. La masacre, que dejó al menos 17 presos asesinados, pone en evidencia la falta de política penitenciaria y deficiencias en el sistema de inteligencia del Ecuador. Expertos también alertan que la violencia podría trasladarse a las calles.
La madrugada del pasado martes 12 de noviembre del 2024, el foco de atención regresó al sistema carcelario de Guayaquil. Miembros de cuatro bandas criminales protagonizaron una revuelta por el reparto de comida. Al parecer, ciertos reclusos querían extorsionar a sus compañeros con los alimentos, lo cual habría causado el amotinamiento.
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Las Águilas, Mafia-18, Los Duendes y Freddy Krueger son las bandas implicadas en este nuevo hecho de violencia por el que nueve reclusos fueron procesados.
Un día después, el miércoles 13 de noviembre, se volvieron a escuchar detonaciones en la Penitenciaría del Litoral. Según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), la situación fue controlada gracias a “la inmediata intervención de personal policial y militar”.
Las revueltas ocurridas esta semana otra vez provocaron cuestionamientos hacia la falta de presencia estatal y las fallas en el control de ingreso de armamento a la cárcel más grande del Ecuador.
¿HA FUNCIONADO LA INTERVENCIÓN MILITAR?
Las cárceles del Ecuador están bajo el control de los militares desde enero pasado, cuando el presidente Daniel Noboa declaró conflicto armado interno y pasó a denominar “terroristas” a los grupos de delincuencia organizada. Desde entonces, no se habían registrado amotinamientos o masacres de gran magnitud como venía sucediendo en años anteriores.
Sin embargo, en lo que va del 2024, tres directores de cárceles han sido asesinados. Damián Parrales, de la cárcel El Rodeo (Manabí), fue baleado en abril. Cinco meses después, ocurrió lo mismo con Álex Guevara, de la prisión de Lago Agrio, y con María Daniela Icaza, de la Penitenciaría del Litoral.
Lorena Piedra, presidenta de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador, explica que la intervención militar en los reclusorios sí funcionó como una medida emergente, pero no es sostenible a largo plazo.
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“Esta acción tenía que ser acompañada con otras decisiones como fortalecer el SNAI, incrementar el presupuesto para enfrentar a las bandas, y aprobar leyes que apoyen en esta lucha”, apunta la analista.
Explica que no se ha trabajado en una institucionalidad estatal dedicada a manejar el sistema penitenciario y se ha visto a la intervención militar como la única solución, pese a que los uniformados no cuentan con el entrenamiento adecuado.
“Además, los militares descuidan funciones que sí les competen como el control del contrabando de combustibles en las fronteras o la minería ilegal. Ahora están haciendo todo lo que las entidades gubernamentales no pueden hacer”, menciona Piedra.
Por su parte, Renato Rivera, analista de crimen organizado y seguridad, recuerda que desde julio del 2023 hay un proceso de pacificación en las cárceles por parte de tres bandas más grandes del país: Los Lobos, Choneros y Tiguerones. Eso también ha contribuido para evitar que haya masacres en este año. De hecho, los últimos disturbios fueron causados principalmente por las bandas Los Duendes y Freddy Krueger, que se desprendieron de otras organizaciones delictivas más grandes.
“La militarización ha sido utilizada como una herramienta que visibiliza la ausencia de políticas públicas en relación con el crimen organizado o una política criminal en su conjunto para enfrentar estos fenómenos que está viviendo el Ecuador”, manifiesta Rivera.
Explica que en estos meses de conflicto armado interno también ha aumentado la población penitenciaria, por lo cual cree fundamental la construcción de nuevas cárceles, pero sobre todo, establecer un plan de verdadera rehabilitación social y protocolos de ubicación para presos de acuerdo a su nivel de peligrosidad. Todo esto debe estar anclado a una política pública con financiamiento.
PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE INTELIGENCIA
Los analistas también coinciden en que hay falencias en el sistema de inteligencia dentro de las cárceles para prevenir disturbios y comprender cómo funcionan las extorsiones. Esto sumado a la falta de institucionalidad del SNAI es una bomba de tiempo.
Pero el problema va más allá de los centros penitenciarios. “El Estado no tiene un sistema de inteligencia estratégica. Los militares levantan información, por un lado, y la policía por otro, cuando generalmente en otros países hay un eje articulador con sus diferentes subsistemas de inteligencia”, describe Rivera.
En Ecuador existe el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), que reemplazó a la Senain la cual fue eliminada tras cuestionamientos sobre su utilización con fines políticos por parte del Gobierno de Rafael Correa; pero en la actualidad corre el riesgo de seguir ese mismo camino, según concluye la tesis doctoral de la analista Lorena Piedra denominada ‘¿Cambio o continuidad institucional en agencias estatales de seguridad?’.
Ella agrega que “los ecuatorianos estamos desarmados”, ya que, por un lado, hay una institución que no cumple su misión de proporcionar inteligencia estratégica para la seguridad y, por otro, en la Asamblea sigue estancada la ley de inteligencia desde el 2011, cuando se presentó el primer proyecto.
“Esta ley permitiría infiltrar miembros de la policía en organizaciones criminales para hacer trabajo preventivo y evitar masacres carcelarias. Las organizaciones delictivas ya lo han hecho, pagando candidatos o poniendo gente en puestos de poder”.
No obstante, la experta dice que “actores políticos que están siendo pagados por estructuras de delincuencia organizada” ha dilatado la aprobación de la norma en el Legislativo y, en caso de que se acoja la propuesta, habrá una brecha enorme para su aplicación.
¿VIOLENCIA SE TRASLADARÁ A LAS CALLES?
Una eficiente coordinación entre instituciones y trabajos de inteligencia serán fundamentales para evitar más disturbios en cárceles y calles del país, según los expertos consultados para esta nota. Ellos creen que “indudablemente” la violencia vista esta semana en la Penitenciaría del Litoral podría trasladarse a otros escenarios.
De hecho, la madrugada del pasado jueves 14 de noviembre, hubo un atentado con explosivo en las calles 26 y Augusto González, al suroeste de Guayaquil. En el sitio se halló un panfleto con amenazas a alias ‘Cuyuyui’, quien sería el líder criminal de la banda Freddy Krueger. Este sujeto fue liberado en el 2022 y es acusado, entre otros crímenes, de asesinar al narco Leandro Norero.
Además, creen que es esencial que los militares que están en las cárceles sean rotados e investigar a los soldados que permanecen en alto riesgo de caer en extorsiones o amenazas.
Así mismo, que las unidades de inteligencia generen escenarios preventivos y monitoreen los focos donde podría darse atentados, pues hay que tomar en cuenta que el Ecuador está a las puertas de unas nuevas elecciones presidenciales; el escenario propicio para difundir el terror.
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