“La Liga Azul nunca debió llegar al CPCCS”. Así inicia el comunicado del Ministerio de Gobierno en referencia a la destitución de cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Según la Cartera de Estado, los cuatro destituidos fueron impuestos por “maniobras legales y componendas políticas que buscaron secuestrar una institución clave para el país”.
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La pugna en el CPCCS surgió desde las elecciones cuando el expresidente Rafael Correa mostró expresamente su apoyo a siete candidatos a la institución. La ley indica que los consejeros del CPCCS no deben estar vinculados a ningún partidos político. Aun así, los siete candidatos hicieron propaganda en fotografías con el expresidente Correa y se autodenominaron “La Liga Azul”. Tres de los siete candidatos fueron elegidos, pero uno más asumió ante la destitución de un consejero.
“Estos consejeros azules nunca fueron legítimos. Usaron artimañas jurídicas para aferrarse al poder, usurpando funciones y debilitando la institucionalidad del Ecuador, todo al servicio de oscuros intereses políticos”, reza en el comunicado. En las últimas semanas, con la posesión del cuarto consejero, la “Liga Azul” hizo mayoría y tomó decisiones apegadas a su agenda: pusieron su vicepresidenta en el CPCCS y designaron al superintendente de Bancos, Raúl González; a pesar de que la Corte Constitucional dictaminó que Roberto Romero debía asumir el cargo.
Desde allí, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación y allanó el edificio, donde se confiscaron documentos, computadoras y el teléfono de uno de los consejeros afines a la Liga Azul. Sin embargo, ya había un proceso en marcha en el Tribunal Contencioso Electoral por presunta infracción electoral ante los cuatro consejeros. “Pese a sus intentos de dilatar el proceso, el TCE actuó con firmeza... destituirlos es un acto de justicia”, agregó el Ministerio en su comunicado.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la destitución y sanciones contra la Liga Azul por una infracción electoral muy grave. La decisión se tomó con cuatro votos a favor y uno en contra luego de que Augusto Verduga Sánchez, Yadira Saltos Rivas, Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga Macías (suplente) apelaran la resolución de primera instancia, la cual fue emitida en septiembre del año pasado.
El TCE informó que “los denunciados y sus abogados patrocinadores han incidentado los procesos de manera reiterada al punto de evidenciar un eventual quebrantamiento del principio de buena fe procesal”.
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Por ello, el TCE dejó constancia de estos hechos para que el Consejo de la Judicatura realice las investigaciones respectivas a fin de esclarecer si se han configurado conductas temerarias o maliciosas.
Además, deberán pagar una multa de 70 Salarios Básicos Unificados (SBU), vigentes a la fecha de la comisión de la infracción. Esto es 31.500 dólares cada uno. La multa debe ser pagada en máximo seis meses. También, quedan suspendidos sus derechos políticos por cuatro años, es decir, no podrán participar en elecciones para algún cargo público durante ese tiempo.