Así lo informó la Fiscalía General del Estado a través de su cuenta de Twitter el pasado miércoles, luego de desarrollarse la audiencia de revisión de medidas, solicitada por el exfuncionario del gobierno de Guillermo Lasso.
El magistrado de la causa sustituyó la prisión preventiva y dictó prohibición de salida del país para Xavier Vera. Además, tiene la obligación de presentarse dos veces a la semana y el uso de dispositivo de vigilancia electrónico.
A inicios de julio, la defensa del implicado presentó la solicitud de revisión de medidas, pues argumentó que la vida del exministro estaba en peligro, teniendo en cuenta que la Penitenciaría del Litoral ha sido escenario de varias masacres.
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Según la teoría de la Fiscalía, en mayo de 2022, el ciudadano Alfonso Z., habría ingresado a trabajar en la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, como Coordinador Zonal de Imbabura, luego de entregar 150.000 dólares, como dádiva.
En primera instancia, este dinero habría sido requerido por dos personas identificadas como “asesores externos” del exministro. Posteriormente, habría sido el procesado quien solicitó personalmente la entrega de esa cantidad, en su domicilio, en Guayaquil.
Inclusive, le habría brindado la posibilidad de escoger entre la Coordinación Zonal de Imbabura o la de Azuay y la dádiva la podría pagar en partes. Según la investigación, Alfonso Z. habría entregado el dinero en efectivo a los “asesores externos” del exministro, en distintos lugares de Quito, Guayaquil y Machala.
Una vez que Alfonso Z. asumió el cargo, se le pedía actuar conforme a las instrucciones de los “asesores externos” del procesado, en beneficio de sus intereses particulares y de su grupo.
Luego, en agosto de 2022, fue designado como Coordinador Zonal de Azuay en donde permaneció hasta el 21 de septiembre del mismo año. Al ser removido de dicho cargo hizo un reclamo que fue evidenciado y difundido en redes sociales con la publicación de varios audios.
En octubre de 2022, la Fiscalía allanó el domicilio de Xavier Vera en Guayaquil, así como un departamento en Cumbayá y las oficinas de Quito. Mientras que en mayo del 2023, un juez de la Corte Nacional de Justicia ordenó prisión preventiva en contra del exministro.
Por su parte, el exfuncionario se ha defendido de estas acusaciones y ha negado haber cometido cualquier acto de corrupción. "Esto es algo orquestado de las mafias que han estado siempre merodeando mi sector", dijo el día de los allanamientos.