El ministro de Agricultura, Pedro Álava, lanzó este jueves en redes sociales un video en el que apareció acompañado de sus dos viceministros, para hablar sobre el presunto caso de corrupción que involucraría a la Cartera de Estado que dirige.
"Me encuentro en estos momentos acompañado de mis dos viceministros que son de mi absoluta confianza para informarle al país que hemos procedido a presentar la respectiva denuncia en la Fiscalía para que se investigue hasta las últimas consecuencias lo denunciado por este medio digital", señaló Álava.
El ministro se refiere a la denuncia del medio La Posta, que reveló videos en los que un sujeto llamado Ernesto Ripalda, quien se identifica como asesor del asambleísta de Pachakutik, Celestino Chumpi, presuntamente vende cargos en el Ministerio de Agricultura.
Según Álava, la denuncia tiene la finalidad de establecer "responsabilidades y responsables". Además, pidió que se proceda con "todo el peso de la ley contra quienes se han tomado el nombre de esta Cartera con la clara intención política de agredir al Gobierno Nacional y a este Ministerio", subrayó.
En un comunicado presentado este jueves, el Gobierno Nacional exhortó a la Fiscalía General del Estado a que se inicie las investigaciones correspondientes para determinar la existencia de presuntos actos de corrupción.
“En este Gobierno no se dará tregua, ni permisividad alguna a la corrupción, peor aún que mancillen el trabajo desplegado por el Ejecutivo”, señala la misiva.
Mientras que el asambleísta Chumpi argumentó que nunca tuvo un asesor con apellido Ripalda, aunque asegura que conoce a varias personas con ese apellido.
“Estoy totalmente indignado y destrozado moralmente porque me han quitado la dignidad, mi buen nombre, mi buena reputación”, dijo enardecido el legislador, quien anunció acciones legales.
Su abogado presentará una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues consideran que es una persecución política.
Celestino Chumpi es uno de los cinco legisladores acusados por el Gobierno de presuntamente solicitar cargos públicos y dinero para votar a favor del proyecto de Ley de Inversiones, el cual fue negado y rechazado.