Pablo Muentes: Así escaló en el PSC hasta darse de lleno contra la Ley
La suerte de Pablo Muentes se acabó la madrugada del lunes 4 de marzo, cuando la Fiscalía allanó su casa y lo retuvo. Lo acusan del supuesto delito de delincuencia organizada en el caso Purga.
Esta es la historia de cómo un dirigente barrial del PSC llegó a convertirse en vecino del máximo líder en una exclusiva urbanización e incluso a ser visto como su interlocutor. En un partido que más de una vez demostró interés por controlar la justicia, la figura de Pablo Muentes, exasambleísta, hoy investigado por Fiscalía, levanta suspicacias.
Solo 160 pasos, en línea recta, separan la casa de los Nebot-Bohrer de la de sus vecinos, los Muentes-Alvarado. Ambas son parte del Mocolí Golf Club, que se precia de ser: “La única urbanización privada de lujo en Samborondón que cuenta con un campo del golf de nueve hoyos”. Tres décadas atrás, cuando Jaime Nebot competía por la Presidencia de la República, un joven dirigente llamado Pablo Muentes conseguía vehículos para el traslado de los candidatos. Los mayores del PSC lo identificaban porque venía de una familia muy conocida en los sectores populosos de Guayaquil. “Tráiler Muentes” era auspiciante seguro de los programas en vivo de Radio Cristal, entonces la emisora más popular de la ciudad. Poco a poco se fue volviendo omnipresente en los eventos del partido y ganándose la confianza absoluta de varios de los líderes. Lo conocían como el hombre que resolvía problemas. Cualquier pedido que le hacían, para él era como “un mensaje a García”. Sin haber sido titular, llegó dos veces al Legislativo, la segunda con gran protagonismo.
Su suerte se acabó la madrugada del lunes 4 de marzo de 2024 cuando la Fiscalía allanó su casa y lo retuvo junto a su esposa. Lo acusan del supuesto delito de delincuencia organizada en el caso Purga, derivado del caso Metástasis. Los fiscales también incautaron: dos armas de fuego, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento, relojes Rolex, licores, joyas, documentos, 7.535 dólares, 505 euros y una chequera. ¿Cómo este dirigente del Distrito 3 de Guayas, llegó a ser tan importante? ¿Cómo hilvanó su propia red?
El Pacífico se agita
En la Superintendencia de Compañías está registrada una media docena de empresas en las que Pablo Muentes Alarcón aparece como accionista o gerente o presidente. La mayoría de ellas tiene una vida efímera y no falta la que resucitó años después de haber sido cerrada.
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Muentes nació en Guayaquil en diciembre de 1965 y se casó a los 21 años, apenas su novia cumplió la mayoría de edad. La primera compañía que encontramos a su nombre data de 1997. Es Finxi, dedicada a la industrialización y comercialización de productos lácteos y al desarrollo y explotación ganadera.
Es precisamente esta la compañía con la que él y su esposa accedieron en mayo de 1998 a un crédito del Banco del Pacífico “para un proyecto camaronero”. Los desembolsos fueron por partes. Hasta septiembre del 98, recibieron 580 mil dólares. En los procesos judiciales que se han derivado de esa operación crediticia, los Muentes alegan que el negocio quebró porque el banco no entregó los 800 mil que habían pactado. Vale recordar que para esa fecha el sector camaronero entraba en crisis debido al fenómeno de El Niño y a la “Mancha Blanca”. Como cayeron en mora, el Pacífico los demandó.
Para sorpresa del banco, 20 años después, en abril de 2019, los Muentes llegaron con 13 recibos notarizados con los que aseguran que en 2002 terminaron de pagar toda su deuda. El banco rechazó el pedido porque dudó de la autenticidad de estos. Es allí cuando, en junio de 2020 presentan un recurso de habeas data buscando que la institución financiera “reconozca los pagos efectuados por ventanilla”. El recurso fue aceptado en noviembre de 2020 por el juez Reinaldo Cevallos y ratificado por un tribunal provincial. Hoy, tanto el juez Cevallos junto a dos miembros del Tribunal de alzada, fueron detenidos en el caso Purga. La cuantificación de la demanda condena al Banco del Pacífico a pagar una cifra cercana a los cuatro millones de dólares. ¿Pájaros contra escopetas?
Con todo a la Asamblea
Fue en 2006 la primera vez en que Pablo Muentes se convirtió en legislador. Lo hizo por algo más de un mes mientras el titular de la curul, Alfonso Harb, se lanzaba a la reelección.
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Diez años después, en 2017, su primogénito Pablo Andrés, es también elegido alterno. Para entonces, Muentes llevaba ya algunos años como consejero ejecutivo de Participación Ciudadana en el Municipio de Guayaquil bajo la Alcaldía de Jaime Nebot. Ese cargo en el que oficialmente aparece desde 2014, tenía el grado jerárquico 19 del escalafón municipal. El grado 20 corresponde al Alcalde. El sueldo mensual que percibía era de 4.440 dólares.
Un año después de la llegada de Cynthia Viteri a la Alcaldía, Muentes deja vacante esa coordinación. Casi al mismo tiempo, su hija Mónica Nicole dejó también de trabajar en la Empresa Municipal de Agua Potable donde sirvió por seis años con un sueldo superior a los 3.000 dólares. En 2022, Mónica Nicole es incluida como concejala alterna de Guayaquil y en febrero de 2024 se principalizó tras aceptarse la baja del edil Jorge Rodríguez.
Pablo Muentes regresó a la legislatura en 2022 luego de la renuncia de Soledad Diab. Antes de asumir lanzó un comunicado en el que entre otras cosas dijo: “Sigo manteniendo mi amistad y lealtad con Jaime Nebot, con quien seguiré colaborando”. Su presencia en Quito no fue del agrado unánime del bloque. Cuentan que lo primero que hizo fue reemplazar a todos los que trabajaban con Diab, que reclamó para sí la mejor oficina y que se quejó hasta porque no lo habían ido a recoger al aeropuerto.
Pero los enfrentamientos más mediáticos se dieron al interior de la Comisión de Fiscalización que presidía Fernando Villavicencio. “Las prácticas violentas del asambleísta socialcristiano Pablo Muentes, son bien conocidas incluso al interior del PSC. La prefecta de Esmeraldas lo acusa de violencia de género en contra de sus propias compañeras asambleístas”, trinó Villavicencio. Días después la asambleísta Geraldine Weber, según el portal La Historia, “dice estar harta de recibir presiones y abusos, especialmente de su colega Pablo Muentes”. Finalmente, antes de la muerte cruzada, Villavicencio acudió a la Fiscalía a denunciar que de Muentes y otros legisladores había recibido amenazas.
Juicios y más juicios
Acallar las críticas con juicios se estaba convirtiendo en el modus operandi de Muentes. Primero fue el periodista Guillermo Lizarzaburo. El 11 de mayo, un juez de Samborondón lo sentenció a dos años de prisión por el delito de calumnia. “Yo solo dije que Fausto Alarcón -la persona que está siendo cuestionada por otra persona a la cual él dice que le quitaron su tierra- es primo hermano de Pablo Muentes y que el proceso fue completamente irregular”, dijo Lizarzaburo. Alarcón también fue detenido en el caso Purga.
Tras el asesinato de Villavicencio, el nuevo candidato Christian Zurita dijo: “Hay que preguntarnos si las amenazas de Pablo Muentes desembocaron en la muerte de Fernando Villavicencio”. El aludido no demoró en responder: “Tan pronto termine la primera vuelta electoral iniciaré contra él y en contra de quienes quieran mancillar mi nombre, las pertinentes acciones legales, incluyendo las penales”.
Y ante una caricatura de Xavier Bonilla (Bonil) que hacía referencia a los juicios en contra de Lizarzaburo y Zurita y que tituló “El repartidor”, la respuesta vino de Alfredo Serrano, el presidente nacional del PSC: “No es la primera vez que usted trata de denostar al Partido Social Cristiano, atacando sin razón a sus miembros...”. Bonil le respondió: “Me he quedado boquiabierto... para Alfredo Serrano mencionar a un miembro del PSC es referirse a todo el partido. ¿O lo es, acaso?”, se terminó preguntando.
Seis meses después, tras su detención, ya no lo respaldan abiertamente e insisten en que él y solo él debe defenderse de las acusaciones de la Fiscalía... Sobre su futuro, los jueces tienen la palabra.
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