Las elecciones en Venezuela han sido cuestionadas por múltiples aspectos, uno de ellos es el hecho de que varios veedores internacionales no pudieron ingresar al país. Sin embargo, hubo otro grupo que sí formó parte de los comicios. Se trata de personajes afines al régimen de Nicolás Maduro como algunos políticos del correísmo.
A través de redes sociales se observó la presencia de la asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Mónica Palacios, quien arribó el pasado fin de semana a Venezuela porque fue invitada como observadora.
Ella publicó un video con el que pretendía desmentir los impedimentos para ingresar al país. En el material entrevistó a varios veedores internacionales, pero la mayoría eran afines a la izquierda.
Su presencia no fue del agrado de una parte de la Asamblea. Valentina Centeno, líder de la bancada de ADN, dijo que siente una “profunda vergüenza de que existan asambleístas ecuatorianos” que hayan “respaldando elecciones manipuladas”.
De hecho, el legislador oficialista Diego Matovelle presentó una moción en el pleno para rechazar la falta de transparencia en las elecciones en Venezuela. La idea fue aprobada con 78 votos afirmativos. La bancada correísta fue la única que estuvo en contra.
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Eduardo Franco Loor, exabogado de Jorge Glas y vocal suplente del Cpccs, elegido precisamente bajo el patrocinio de la RC, fue otro personaje afín al correísmo que pudo ingresar a Venezuela sin problemas.
Loor no ha escondido su simpatía por Nicolás Maduro, ya que en su cuenta de la red social X ha reposteado videos del controversial mandatario.
Él también estuvo como “invitado especial internacional” para lo que denominó “comicios históricos”, según escribió en la plataforma antes mencionada. El mensaje fue acompañado por un carrusel de fotografías junto a personalidades cercanas al chavismo como Juan Carlos Monedero, exdirigente del partido izquierdista español Podemos, y Rander Peña Ramírez, funcionario de la Cancillería venezolana.
En otras postales compartidas por el abogado, también se ve a Galo Chiriboga, exfiscal general de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa; Renzo Troncoso, del Frente Unidad para Vencer; y René Maugé, asesor del asambleísta correísta José Agualsaca.
Así mismo, en Venezuela reapareció Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional, quien se autodenomina como perseguida política y vive en México.
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Mientras unos personajes cercanos al gobierno de Maduro lograron entrar a Venezuela fácilmente, hubo otros que no corrieron con la misma suerte.
Ana Galarza, asambleísta del movimiento Construye, e Iris Triviño, legisladora suplente, fueron deportadas apenas llegaron al aeropuerto de Caracas. Ellas fueron invitadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), liderada por la opositora María Corina Machado.
Galarza relató que vivió “en carne propia la dictadura de Nicolás Maduro” y que fue amenazada, no le dejaron sacar el teléfono y tampoco pudo llamar a la embajada ecuatoriana.
Algo parecido sucedió con un grupo de expresidentes de la región, quienes iban a fungir como observadores, pero el avión no pudo despegar de Panamá.
A bordo del vuelo iban el expresidente mexicano Vicente Fox, la expresidenta panameña Mireya Moscoso, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, y la exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez.
En cambio, una delegación del Partido Popular (PP) de España estuvo retenida en el aeropuerto y luego fue expulsada.
Diosdado Cabello, uno de los máximos líderes del chavismo, había advertido que se le negaría la entrada a ciertos observadores porque no habían sido invitados por la autoridad electoral. Según Maduro, el CNE invitó a 910 veedores de 100 países.
Esta era la primera vez, desde el 2006, que veedores internacionales llegaban a atestiguar las elecciones presidenciales de Venezuela tras un acuerdo firmado entre el oficialismo y la oposición el pasado 17 de octubre del 2023 en la isla de Barbados.