Comisión legislativa excluyó derechos reconocidos a los animales en informe previo a debate, de acuerdo a Colectivo LOA
Por medio de una histórica sentencia, hace aproximadamente dos años, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer a los animales como titulares de derechos.
Por medio de una histórica sentencia, hace aproximadamente dos años, Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer a los animales como titulares de derechos.
La medida recibió el aplauso de los sectores animalistas y ambientalistas, y la preocupación del sector productor, que cree que esto podría afectarlos económicamente.
La resolución judicial, que sentó un gran precedente en el accionar en pro del bienestar animal a nivel mundial, giró en torno a una mona chorongo llamada Estrellita, que vivió 18 años confinada ilegalmente en una casa de la ciudad de Ambato.
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Al resolverse el caso, en enero del 2022, en el marco de la muerte de la primate por secuelas de la mascotización, se determinó que los derechos de la Naturaleza fueron vulnerados y, en adición, se ordenó que hasta agosto de este año el Legislativo apruebe una ley sobre los derechos de los animales.
Este lunes, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, designada para tratar el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección, Promoción y Defensa de los Derechos de los Animales, impulsado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, denominadas en conjunto como Colectivo LOA, aprobó un informe de 66 artículos para la primera fase de debate.
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Con siete votos afirmativos fue alcanzada la decisión referida con respecto al proyecto de ley, que propuso el conjunto de derechos que apuntaría a proteger la integridad física y psicológica de los animales, tanto en entornos urbanos, naturales e industriales, además de exigir en este último la concesión de una muerte digna.
Rechazo por parte de Colectivo LOA
No obstante, este martes, después de conocer sobre la aprobación del informe, Colectivo LOA aseguró que la comisión creó un texto unificado que “no desarrolla los derechos reconocidos a los animales por el máximo órgano constitucional”.
El conjunto de organizaciones señaló que fueron excluidos sus derechos constitucionales al buen vivir, el derecho a vivir en armonía, el derecho al hábitat, el derecho al libre desarrollo de su comportamiento animal, el derecho a la integridad física y psíquica, entre muchos más.
“Se eliminaron principios del derecho en general y del derecho ambiental aplicados a los individuos animales para reemplazarlos por principios antropocentristas como el del 'dominio del ser humano', con el fin de perpetuar las dinámicas históricas de abuso contra los animales”, sentenció el colectivo en un comunicado.
En adición, se rechazó que la comisión legislativa eliminara la participación de la Defensoría del Pueblo. “Esto deja en manos del gobierno central el control exclusivo sobre los animales, que ya ha probado su incapacidad, desconocimiento y desinterés”.
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El colectivo concluyó su mensaje de rechazo asegurando que la comisión adoptó una postura a favor de la tortura de los animales al permitir que sean manejados con choques eléctricos; o que se les pueda dar muerte mediante prácticas como la asfixia y la trituración.
En vísperas del inicio de la primera fase de debate que precederá la aprobación del proyecto de ley, la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea no se ha pronunciado en respuesta a la tajante observación por parte del Colectivo LOA, que, antes de la publicación del informe, aseguró una respuesta judicial “contundente” si este no acataba lo dispuesto por la Corte Constitucional en el 2022.
“Discurso de miedo”
“La Comisión utiliza el discurso del miedo para justificar su postura contraria a derechos, alegando afectaciones a la economía, mismas que no ha probado y que contradicen la tendencia global de eliminar prácticas lesivas contra los animales”, se advierte en el comunicado.
Con respecto a los cambios en el sector de la producción, la abogada Inti Alvarado, quien forma parte del Colectivo LOA, reconoció en una entrevista concedida en junio que el cambio que traería consigo el acatamiento de los derechos de los animales sería amplio y profundo, no solo en el plano moral, sino estructural.
Por ello, destacó que el proyecto de ley establece plazos que incluso podrían llegar a extenderse a más de una década para que ciudadanos y, principalmente, empresas, modifiquen sus prácticas. Estos periodos de tiempo serían diferentes en función del tamaño de estas.
Además, indicó en ese entonces que se estaban estableciendo incentivos y subsidios para que pequeños y medianos productores puedan contar con apoyo del Estado para adaptar sus prácticas.
Sobre el proyecto de Ley, el colectivo ha rechazado que se generen falsas narrativas, como por ejemplo, que el proyecto de ley podría forzar a todos los ecuatorianos a dejar de consumir carne de origen animal. Con respecto a esto, aclara que los derechos sólo velarán por el bienestar y muerte digna de los animales en la cadena de producción.
