Las disputas en el Consejo de Participación Ciudadana develan que la entidad es un botín político
Han pasado casi tres años y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) no ha hecho su trabajo: designar autoridades y combatir la corrupción. Una serie de disputas y “golpes de estado” a su interior demuestran que la institución no puede caer más bajo.
La situación resulta cantinflesca: la noche del 9 de febrero de 2022 había dos cabezas en el Cpccs. En una esquina Sofía Almeida, presidenta derrocada que se resiste a abandonar su cargo. En la otra, Hernán Ulloa, el nuevo presidente elegido por cuatro de los siete consejeros. Y la descripción es literal: los dos se atrincheraron en el mismo despacho, cada uno en una esquina esperando que su rival se retire.
Al finalizar el día, el Ministerio de Trabajo emitió un certificado que reconoce la remoción del Almeida y avala la presidencia de Ulloa. Pero para Almeida todo fue ilegal y amenazó con ir a instancias judiciales. Tachó de “usurpador” a su rival y de “golpistas” a los consejeros que votaron por Ulloa.
El ambiente estuvo rodeado de increpaciones, chismes de pasillos, lealtades puestas a prueba, un contingente policial a las afueras del edificio y una escena digna de meme: una limpia al estilo chamánico para la posesión de Ulloa.
Pero más allá de la anécdota, ¿Cuál es la causa de la pugna? ¿Por qué el Cpccs es un botín político? Hay que recordar que esta entidad debe designar Contralor, Fiscal, superintendentes, entre otras autoridades de control. Claramente hay intereses grandes.
PODER Y ALIANZAS
Hasta noviembre pasado, el Cpccs debía designar a dos nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral, pero no lo hizo, y debe nombrar un nuevo Contralor hasta el 22 de marzo, lo que tampoco será posible. Las pugnas internas están minando los procesos. Es muy posible que no logren dar con estas autoridades sino hasta después de medio año. Y ese sería el escenario más optimista, porque todo puede pasar.
“Cada vez que intentamos avanzar en los puntos medulares, hay boicot”, decía Sofía Almeida, a finales de enero. Ella lideraba una mayoría hasta hace poco más de un mes, junto con sus colegas David Rosero, Juan Dávalos e Ibeth Estupiñán. Esta mayoría aprobaba los reglamentos para la designación de autoridades y los concursos para las comisiones ciudadanas que, en teoría, se encargan de calificar y puntuar a quienes se postulen para los cargos de autoridades.
A este grupo se lo acusó de ser una alianza entre socialcristianos y correístas, y respaldado por Unidad Popular. Sofía Almeida dice que su tío, Luis Almeida, asambleísta socialcristiano, no tiene injerencia en el Consejo, como han denunciado algunas personas. Todos niegan tener presiones políticas y dicen que toman sus propias decisiones. Pero sufrieron un revés.
“La presidenta se está inventando eso del boicot porque ha perdido la mayoría”, refutaba el entonces consejero Hernán Ulloa, antes de ser presidente. Él hacía oposición junto con María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo. Pero desde enero conformaron una nueva mayoría porque Ibeth Estupiñán ahora vota con ellos. A este grupo se lo acusa de ser manipulado por el partido de gobierno, pero, igualmente, lo niegan.
Consejeros del CPCCS realizan una "limpia" con hierbas al puesto que usará el nuevo presidente del organismo, Hernán Ulloa, tras la remoción de Almeida.
— Revista Vistazo (@revistavistazo) February 9, 2022
📹: Paúl Romero. pic.twitter.com/D76OnNmAyH
LA MANZANA DE LA DISCORDIA
¿Qué cambió todo? La consejera Ibeth Estupiñán asegura que no se cambió de bando ni nada por el estilo: “Mis decisiones son independientes, yo no respondo a ningún partido político ni tengo presiones de nadie”, afirmó a Vistazo. Su voto cambió cuando la mayoría anterior propuso reformar el reglamento para la designación de Superintendente de Compañías, y ella no estuvo de acuerdo. Pero, desde entonces sus votos respaldan al grupo de Ulloa, Rivadeneira y Bravo.
Estupiñán es la manzana de la discordia. Afirmó haber recibido amenazas, vía llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, en las que personas desconocidas le dijeron: “Te vas a arrepentir de haberte ido a la otra mayoría”.
En los pasillos del Cpccs se habla de chantajes. Hace unos seis meses trascendió un audio de una conversación entre la consejera Estupiñán y una postulante para la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. De eso se presentó una denuncia que no llegó a nada. Ese audio empezó a circular por redes sociales luego de que se rompiera la mayoría. Estupiñán dijo que eso no es cierto, pues afirmó que existía la denuncia y en el audio no se comprobó nada malo ni irregular.
Lo que sí quedó claro es que esta nueva configuración paralizó al Consejo, puesto que, al no tener lo votos necesarios para tomar decisiones, Sofía Almeida empezó a suspender la sesiones que se realizaban de manera virtual hasta enero. La acusaron de actuar así cuando sabía que no contaba con los votos para aprobar su agenda.
Almeida, de su parte, acusó a la nueva mayoría de no aprobar el presupuesto de la institución, que debía hacerse hasta el 15 de enero. Los consejeros que no dieron su voto dijeron que hacía falta transparencia en el manejo del presupuesto y las contrataciones.
La nueva mayoría no era autónoma por sí misma, mientras Sofía Almeida continuara como presidenta, ya que era la única con la capacidad para convocar y suspender las sesiones. Así que el camino era removerla de su cargo.
#URGENTE | El Consejo de Participación con dos presidentes: Sofía Almeida y Hernán Ulloa, los dos en el mismo despacho se disputan la Presidencia del organismo. (Noticia en desarrollo) pic.twitter.com/H6AiIulZkm
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OTRA CAÍDA Y LIMPIA
El Cpccs nunca ha tenido buena fama desde su aparición en 2010. Durante el correísmo fue visto como una institución de cooptación de las instituciones del Estado, pues la mayoría afín a ese gobierno designaba las autoridades.
De allí salió el controvertido exfiscal Galo Chiriboga y el excontralor Carlos Pólit, ahora prófugo en Miami. En 2018, fueron cesados los consejeros del correísmo y entró en funciones el Transitorio, liderado por Julio César Trujillo y avalado por una consulta popular.
Pero el Transitorio también nos dejó personajes cuestionados. Tras la huida del Carlos Pólit, quedó como subrogante Pablo Celi. En lugar de organizar un concurso y elegir nueva autoridad, el Transitorio lo santificó con la consigna de convertir la Contraloría en un “Tribunal de Cuentas”. En 2021, Celi fue arrestado por el entramado de corrupción en el caso “Las Torres”; el juicio aún no termina. Ese cargo ahora es subrogado por Carlos Riofrío, quien podría quedarse en ese puesto todo este año.
En 2018, también se designó como defensor del Pueblo a Freddy Carrión, quien el año pasado fue censurado y destituido por la Asamblea, y la Justicia lo condenó por abuso sexual. Son los casos más visibles que dejaron los Consejos anteriores.
Después del Transitorio, llegaron el cura José Tuarez y seis consejeros más, elegidos por votación popular. Duró tres meses. El cura fue destituido, junto a otros tres consejeros, por incumplimiento de funciones. Tuarez luego fue arrestado y sentenciado en un caso de tráfico de influencias para vender cargos públicos. De ese Consejo solo quedaron Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira y Christian Cruz.
Los puestos vacantes fueron asumidos por: Ibeth Estupiñán, David Rosero, Juan Dávalos y Francisco Bravo. Luego de un año, Christian Cruz, que asumió como presidente del organismo, fue denunciado por tener un carné de discapacidad cuando decía ser cinturón negro en artes marciales. La Asamblea lo censuró y destituyó. En su reemplazo entró Hernán Ulloa.
La descabezada de Almeida sería la tercera en tres años. Nadie podría asegurar que Ulloa termine el período hasta 2024.
Sofía Almeida desconoce a Hernán Ulloa como presidente del CPCCS y le pide que se retire de su puesto. La funcionaria lo llamó "usurpador de funciones" y aseguró que Ulloa actúa en complicidad con el Gobierno y la Policía. pic.twitter.com/DSuWh4v24R
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A UN PASO DE LA ELIMINACIÓN
Los fantasmas del juicio político sobrevolaron el Cpccs desde finales del 2021. La causal es fácil: incumplimiento de funciones por no designar autoridades en el tiempo establecido. ¿Quiénes se podrían ir? Por lo pronto una alianza entre las bancadas correísta y socialcristiana, y respaldada por una parte de Pachakutik, ya presentó una solicitud de juicio político contra la nueva mayoría: los consejeros Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán.
Pero eso dependerá de las alianzas y acuerdos entre bancadas de la Asamblea, si es que llega a pasar. Desde años atrás se habla de la posibilidad de eliminar el Consejo o reformar sus atribuciones para que la designación de autoridades regrese a la Asamblea Nacional. Y la actual crisis de la institución abona los argumentos necesarios.
El presidente Guillermo Lasso ya anunció una posible consulta popular para 2023 y una de las preguntas estaría relacionada con el Cpccs. Con una reforma, se le podría quitar la atribución de designar autoridades, pero mantendría sus otras dos funciones: lucha contra la corrupción y participación ciudadana, tareas que brillan por su ausencia.
Sin embargo, la pregunta que todos se hacen: ¿con qué legitimidad el Consejo va a designar un Contralor y el resto de autoridades? Si la disputa entre Almeida y Ulloa deja una tela de duda sobre la legalidad de lo actuado, será fácil descabezar a cualquier autoridad que designen.
A criterio de Pablo Dávila, quien fue consejero del Transitorio y lideró una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el Cpccs, esta entidad no tiene razón de ser porque se convierte en un instrumento de control y manipulación total para la designación de autoridades. “Estamos viendo los problemas. La crisis de Cpccs hace que las personas más preparadas y honestas no participen en esos concursos porque desconfían”.
Por otro parte, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, recuerda que este Cpccs aún no ha hecho prácticamente nada en estos tres años de funciones y disputas a su interior. “Se supone que los concursos deben depender de las reglas, pero estamos viendo que dependen de las personas que no se ponen de acuerdo porque hay dos mayorías o minorías”. Considera que fue una novelería de la Constitución del 2008 la creación de esta entidad también llamada como “Quito Poder”.
Para los analistas, este es otro episodio de la poca institucionalidad que aqueja al país. La disputa entre Ulloa y Almeida será un episodio más hasta que aparezca un nuevo escándalo.
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