Sofía Almeida Fuentes es la tercera presidenta del turbulento Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) en poco más de un año. En este tiempo, la institución no ha servido para lo que fue creada: la lucha contra la corrupción, debido a las disputas internas y la probidad de sus titulares.
Almeida tiene 33 años y es ingeniera en Ciencias Empresariales. Antes se desempeñó como funcionaria de la Contraloría en la delegación provincial del Guayas. Además, es hija de Pedro Almeida, exgobernador de Los Ríos, y sobrina del Luis Almeida, radiodifusor y concejal de Guayaquil por el Partido Social Cristiano.
Ella se desempeñaba como vicepresidenta del Consejo y este 16 de octubre asumió la titularidad tras la salida de Christian Cruz, quien fue destituido en un juicio político en la Asamblea Nacional. Cruz, se ufanaba de ser “maestro y cinturón negro en kick boxing” y así lo recoge en su hoja de vida, pero se lo acusó de tener un carné de discapacidad supuestamente obtenido de forma fraudulenta para acceder a beneficios tributarios.
Similar situación ocurrió en agosto de 2019, cuando fue destituido de la presidencia del Cpccs el cura José Carlos Tuárez, junto a las consejeras Victoria Desintonio y Rosa Chalá, por tomarse atribuciones que no les correspondían. Estuvieron en el cargo menos de tres meses. Luego, Tuárez fue investigado por ser parte de una red de tráfico de influencias y sentenciado a cinco años de prisión por la venta de cargos públicos.
Ahora, Sofía Almeida, como nueva presidenta hizo un llamado a la unidad y a trabajar en la lucha contra la corrupción. En la sesión plenaria de su posesión también ofreció trabajar en una propuesta de reforma para el Código Integral Penal (COIP), y reactivar los observatorios y veedurías ciudadanas. Sin embargo, todavía no terminan las discrepancias al interior del organismo.
Hubo una acalorada discusión para la elección del nuevo vicepresidente. Los siete vocales no se pusieron de acuerdo, pero finalmente una mayoría votó a favor de Francisco Bravo, quien era criticado por haber defendido al destituido Christian Cruz y lanzar comentarios ofensivos contra los otros miembros del Pleno. La otra opción que se barajó para vicepresidente fue Hernán Ulloa, quien era vocal suplente y ahora asumió la titularidad tras la salida de Cruz.
Los votos para Bravo provinieron de Sofía Almeida, David Rosero, Javier Dávalos y el propio Ulloa, quien dijo no querer ninguna dignidad en el Consejo. La oposición fue de Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira, que acusaron a la nueva mayoría de tener un “acuerdo previo”.
Así se reestructuró por tercera vez el polémico “quinto poder del Estado”, creado por el gobierno de Rafael Correa y que se encarga de, entre otras atribuciones, elegir las autoridades de control como Fiscal, Contralor, Procurador, superintendentes.
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