Cerca de las 22:00 de este martes, Fiscalía informó el allanamiento a las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), "a través de un acto urgente".
De acuerdo con el órgano público, la diligencia se llevó a cabo para recabar evidencia documental, física y digital, luego de haber recibido una denuncia por un presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos.
El fiscal a cargo del allanamiento explicó que el juez nacional, Walter Macías, autorizó este operativo.
A través de redes sociales, la destituida presidenta del Cpccs, Sofía Almeida, insistió en que se están tratando de apoderar de la institución e informó que no la dejaron pasar para observar el accionar de la Fiscalía.
"Solamente han ingresado funcionarios que están apoyando al consejero (Hernán) Ulloa en este trámite de apoderarse del Consejo de Participación Ciudadana y no me han dejado ingresar a mí como presidenta, ni siquiera respetando el cargo como consejera", dijo la funcionaria quien lleva cinco días en las instalaciones del Cpccs para no abandonar el despacho presidencial.
La situación del Cpccs resulta cantinflesca: la noche del 9 de febrero de 2022 había dos cabezas en la institución. En una esquina Sofía Almeida, presidenta derrocada que se resiste a abandonar su cargo. En la otra, Hernán Ulloa, el nuevo presidente elegido por cuatro de los siete consejeros.
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Al finalizar el día, el Ministerio de Trabajo emitió un certificado que reconoce la remoción del Almeida y avala la presidencia de Ulloa. Pero para Almeida todo fue ilegal y amenazó con ir a instancias judiciales. Tachó de “usurpador” a su rival y de “golpistas” a los consejeros que votaron por Ulloa.
El ambiente estuvo rodeado de increpaciones, chismes de pasillos, lealtades puestas a prueba, un contingente policial a las afueras del edificio y una escena digna de meme: una limpia al estilo chamánico para la posesión de Ulloa.