La pugna por la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se ha trasladado al campo judicial. Por un lado, Sofía Almeida alega que una medida cautelar a su favor la ratifica como titular de la institución y declara la nulidad de lo actuado por los consejeros de mayoría en torno a su remoción; mientras que, a Hernán Ulloa lo respalda una acción constitucional de protección como legítimo presidente del organismo de control.
En medio de la batalla legal, la noche del jueves 10 de febrero de 2022, desde la cuenta oficial del CPCCS se difundió un comunicado suscrito por Almeida, dirigido a los servidores de la institución.
El escrito, en su parte medular, resalta que "las instalaciones, recursos institucionales y la autoridad sigue estando en manos de la Presidenta Sofía Almeida y del Vicepresidente David Rosero"; pero que el Quipux (software para la comunicación dentro de la institución) está siendo utilizado de manera "ilegal y esa irregularidad junto a la usurpación de funciones serán denunciadas en la Fiscalía".
Por lo que, Almeida dispuso el cumplimiento de manera "inmediata" a lo siguiente:
-"Usaremos como sistema de comunicación temporal los correos personales que fueron solicitados por la Subcoordinadora Nacional de Talento Humano, únicamente para temas de convocatorias y notificaciones de carácter urgente institucional".
-"Abstenerse de suscribir documentos sin la legítima información de respaldo, hasta que la Fiscalía disponga la restitución del Sistema documental Quipux a la Presidenta Sofía Almeida".
-Por último, convocó a todo el personal de planta central a trabajar de manera presencial a partir del próximo 14 de febrero.
No obstante, este viernes Ulloa también emitió disposiciones para los servidores del CPCCS.
"Como ha quedado ratificado mediante decisión judicial, puesta en su conocimiento de manera oportuna, la Consejera Sofía Almeida, ha dejado de ser la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, por una resolución adoptada de manera legítima en el Pleno del Consejo; así lo dispone la Jueza Constitucional", alega Ulloa en su comunicado.
Y resalta que, en el Sistema de Gestión Documental Quipux, "única herramienta institucional oficial, para la disposición de tareas, consultas y resoluciones, quienes aparecen como Presidente del CPCCS, es el Consejero Hernán Ulloa Ordoñez y como su Vicepresidenta, la Consejera María Fernanda Rivadeneira".
Ulloa también aclaró que, "en vista de comunicados que se encuentran realizando de manera extra oficial (...) solo y únicamente las directrices de quien les habla, el señor Presidente del CPCCS, y los funcionarios encargados en las áreas de Coordinación y Subcoordinación, según los memorandos oficiales, son las que deben ser acatadas", como parte de sus responsabilidades en el ejercicio de sus actividades en calidad de servidores públicos de la institución.
Además, enfatizó que la Presidencia del Consejo no es un enfrentamiento de índole territorial y no permitirá que se convierta en una disputa. "Les solicito, comedidamente, que sigan las instrucciones emitidas por canales oficiales. Para efectos de continuar con nuestras labores, se les recuerda que las actividades se mantendrán en la modalidad de teletrabajo", apuntó Ulloa.
Luego de la sesión del pasado miércoles, en la que Sofía Almeida fue removida de su cargo, la funcionaria permanece en la sede de la institución en Quito, junto a los consejeros de minoría David Rosero y Javier Dávalos; al contrario de Francisco Bravo, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán (mayoría).