La Asamblea Nacional de Ecuador rechazó este sábado la supuesta concesión a una empresa privada del campo Sacha, considerado "la joya de la corona" de la industria petrolera del país.
Lea también | Existe alto riesgo de avalancha en el volcán Chimborazo, alerta Ministerio de Ambiente
Esto ocurre después de que el Gobierno emitió un oficio en el que se notificaba la resolución de adjudicación del Contrato de Participación para la Explotación y Exploración Adicional de Hidrocarburos (petróleo crudo) en el Bloque 60 del Campo Sacha de la región amazónica ecuatoriana.
Como respuesta, la Asamblea Nacional publicó un comunicado en el que "rechaza enérgicamente la entrega arbitraria del campo Sacha". En el escrito advirtió "a la ciudadanía que el Gobierno Nacional aprovechó el feriado de Carnaval para entregar el Campo Sacha a una empresa privada, contraviniendo la Ley de Hidrocarburos".
Recordó que la Comisión de Fiscalización del Legislativo ha convocado en reiteradas ocasiones a autoridades del Gobierno a comparecer y "explicar sobre este tema que perjudicaría al Estado en más de 8.000 millones de dólares, pero no obtuvo respuesta".
"Dentro de nuestras atribuciones y competencias, fiscalizaremos este procedimiento irregular para salvaguardar los intereses económicos de todas y todos los ecuatorianos", agregó al aseverar que la actual Asamblea, de mayoría opositora, "está junto a los ciudadanos y jamás será cómplice de la privatización".
“A la Asamblea Nacional. Primero, lean la Ley de Hidrocarburos y el Reglamento. Y lean con atención lo resuelto. Segundo, no he firmado el contrato. En caso de hacerlo, lo haremos pensando en lo que necesitan los ecuatorianos: producción e inversión social. Con sus agendas no nos distraerán”, publicó la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, en la red social X.
El Consorcio SINOPETROL, conformado por las empresas Amodaimi Oil Company S.L. y Petrolia Ecuador S.A., fue al que se le adjudicó el contrato este sábado, según se informa en otro documento.
Tras la adjudicación, se espera que el Gobierno firme el contrato con el consorcio en los próximos días o semanas.