El Gobierno de Daniel Noboa planteó este miércoles la posibilidad de que fuerzas especiales de otros países ingresen temporalmente al territorio ecuatoriano para asistir a la Policía y Fuerzas Armadas en el combate contra el crimen organizado transnacional.
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Ese día, el mandatario ordenó a la Cancillería que, "respetando el marco constitucional y utilizando los canales diplomáticos correspondientes", realice los acercamientos con "países aliados" para coordinar esfuerzos y establecer acuerdos de cooperación.
Este viernes, en una entrevista televisiva, la canciller Gabriela Sommerfeld pidió a los legisladores trabajar de forma articulada para pronunciarse pronto sobre el tema, sin dar lugar a "dilataciones".
“Lo que ha pedido el presidente Noboa es respaldo y aprobación a la Asamblea Nacional porque tenemos que ser un solo país en la lucha contra los grupos de delincuencia organizada transnacional”, explicó la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
“El reforzamiento de capacidades lo que es es un ejercicio de la soberanía ecuatoriana, y lógicamente, la misiva que envía el señor presidente de la República a Cancillería solicita que se encuadre dentro de la normativa ecuatoriana”, aclaró. “No creo que tiene que haber mayor debate sobre el tema”, acotó Sommerfeld.
La asambleísta oficialista Valentina Centeno explicó este miércoles que la resolución busca que "fuerzas especiales de países aliados lleguen al Ecuador" para ayudar en la lucha contra el crimen organizado, ya que es un problema transnacional.
“Esto es plenamente constitucional, implica una negociación con países aliados para que luego la Asamblea ratifique dicha negociación”, detalló Centeno, cuya bancada, Acción Democrática Nacional, es la que impulsa la iniciativa en el Legislativo.
Por el momento, Paola Cabezas, de la Revolución Ciudadana (RC), el grupo más numeroso del actual Legislativo, indicó que no se niegan a apoyar la resolución, pero primero quieren conocer más detalles: quiénes vendrán, cuánto costará, entre otras cuestiones.
Desde inicios de 2024, Noboa declaró a Ecuador bajo "conflicto armado interno" contra el crimen organizado, causante de la escalada de violencia que llevó al país a situarse en 2023 con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica, una tendencia que parece haberse recrudecido en 2025.
El presidente ecuatoriano también ha emitido sucesivos estados de excepción para perseguir con policías y militares a las bandas criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, las extorsiones y la minería ilegal y a las que ha pasado a catalogar como "grupos terroristas", algunos de ellos con vínculos con cárteles mexicanos.
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"Las mafias y el narcotráfico operan en redes internacionales, por lo que es necesario actuar juntos para combatirlos de forma más efectiva", apuntó el Gobierno ecuatoriano.
"Enfrentar un enemigo común -las mafias y el crimen organizado- requiere unidad y decisiones firmes. Esta propuesta, junto a otras acciones lideradas por el gobierno (...), busca fortalecer la seguridad del país", añadió.