Viviana Veloz anuncia medida para suspender impuestos de 'Ley Antipillos': 'hay un apagón energético, democrático y jurídico'
Presidenta de la Asamblea plantea una medida cautelar de suspensión de los tributos que impone la Ley contra el Lavado de Activos.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, solicitará una medida cautelar para suspender los tributos que contempla la "Ley Antipillos", que fue enviada por el presidente de la República Daniel Noboa y promulgada en el Registro Oficial.
Veloz dijo, primero, que mañana presentará ante la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad para expulsar del Registro Oficial la Ley para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, enviada "ilegalmente" por el Ejecutivo.
“No confiamos en una Corte que se ha sometido al poder político. Esa es la realidad, la Corte Constitucional se termina sometiendo, la mayoría de las veces, al poder político (...) Esperamos que la Corte actúe de manera diligente, que no se lave las manos como Pilato y que como defensora de la Constitución se pronuncie como establece la ley, el ordenamiento jurídico y la Carta Magna”, sentenció.
No obstante, la presidenta explicó que, como los tiempos que maneja la Corte Constitucional son laxos (no hay una fecha estricta de cumplimiento), solicitará la medida cautelar de suspensión de los tributos que se cargan en dicha Ley, "para evitar afectar aún más los bolsillos de los ciudadanos, golpeados por la crisis económica y energética que vive el país".
"Apagón energético, democrático y jurídico"
Veloz reiteró que el sistema democrático del Ecuador se ha visto "lacerado", por el actuar del Ejecutivo que, a pesar del pronunciamiento de la Legislatura de negar y archivar el proyecto de Ley, la envió a publicar en el Registro Oficial.
“Es una actuación muy grave, porque cuando la Asamblea se pronunció, se notificó al Registro Oficial y en el suplemento se encuentra publicada la negativa (...) Esta ley de “Antipillos” no tiene nada, este es un acto inconstitucional para satisfacer al Fondo Monetario Internacional (FMI) y recibir un nuevo desembolso”, enfatizó.
“Esto altera el sistema de pesos y contrapesos de un Estado de Derecho y pone la democracia en riesgo. En Carondelet hay un apagón energético, democrático y jurídico que ha aniquilado lo que nos quedaba de institucionalidad en el país”, recalcó.
Ante las críticas emitidas por el Legislativo, la bancada oficialista ADN ha advertido que emitir juicios de valor en contra de la Corte Constitucional y el Registro Oficial representa un atentado contra la democracia.
Por su parte, el Registro Oficial ha señalado que no es un órgano dirimente ni realiza controles de legalidad o constitucionalidad, y que su rol es ser "el periódico del Estado ecuatoriano encargado de dar a conocer a la ciudadanía las disposiciones legales".
La normativa presentada por el Gobierno el 7 de noviembre, fue archivada por el Legislativo con los votos del correísmo, Construye, el Partido Social Cristiano (PSC) y otras formaciones. Estas agrupaciones argumentaron que el proyecto encubría impuestos disfrazados como medidas para luchar y controlar las economías criminales.
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