La vicepresidenta Kamala Harris y el exmandatario Donald Trump emprenden este viernes una maratoniana carrera final de diez semanas rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, previstas a llevarse a cabo el 5 de noviembre.
La antesala de los comicios se desarrolla en el marco de una crisis migratoria comprendida por una cantidad récord de viajes irregulares, que, para cientos de miles de sudamericanos, suelen tener como punto de inicio la temida selva del Darién, ubicada en Panamá y fronteriza con Colombia.
Este inhóspito pasaje ha sido usado como una ruta para llegar principalmente Estados Unidos, en busca de mejores condiciones de vida. El paso de los años ha dejado cifras que alcanzaron un punto álgido en el 2023, con el registro de 520 mil viajeros. Este 2024 se prevé que concluirá con aún más.
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El Gobierno de Joe Biden ha intentado frenar esa migración por dicha selva con diferentes métodos, uno de ellos es este reciente acuerdo para devolver a los migrantes desde Panamá en vuelos patrocinados por Estados Unidos que, además, elimina cualquier tipo de opción para entrar legalmente a aquellos que han cruzado el Darién.
Según las últimas cifras publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional y el Centro de Investigaciones Pew, actualmente hay alrededor de 11 millones de inmigrantes indocumentados viviendo en Estados Unidos.
En el 2023, los cruces no autorizados en la frontera sur también alcanzaron su registro histórico más alto. De acuerdo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, 250 mil personas ingresaron al país de forma ilegal.
Uno de los temas sobre los que el candidato republicano ha profundizado, tanto en entrevistas como discursos a simpatizantes, es su plan en desarrollo para deportar a millones de inmigrantes indocumentados, focalizado en la frontera con México.
Con base a declaraciones que ha dado recientemente, se prevé que parte de su proceder se asimilaría a una operación a larga escala de deportación emprendida en 1954 por el presidente estadounidense Dwight Eisenhower, en la que dentro de un lapso de menos de un año, cerca de 1,100,000 de individuos, de acuerdo a cifras del Servicio de Inmigración y Naturalización de EE.UU., fueron expulsados a México.
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Para que aquello ocurriese, cientos de agentes de inmigración recorrieron estados del suroeste de Estados Unidos deteniendo a inmigrantes que no poseían documentos para justificar su estancia en el país. Tras ello, los movilizaron en masa, por camiones, trenes e incluso aviones, hacia el otro lado de la frontera sur.
"Sacó a un millón y medio de inmigrantes ilegales de este país, los trasladó más allá de la frontera. Regresaron. Los movieron de nuevo, más allá de la frontera, regresaron. No le gustó. Los movió más hacia el sur. Nunca regresaron (...) Sacaron a un millón y medio de personas. No tenemos elección", declaró Trump en su debate contra el otrora candidato demócrata y actual mandatario, Joe Biden.
El equipo de Trump también reveló su interés por aprovechar la política denominada “expulsión acelerada”, a través de la cual el Gobierno puede deportar con celeridad a personas indocumentadas sin el requerimiento de establecer una audiencia.
En la actualidad, el Gobierno de Biden aplica la medida únicamente en casos de individuos que llevan hasta 14 días en Estados Unidos y se encuentran a menos de un centenar de millas de las fronteras. Sin embargo, durante la primera gestión de Trump (2017-2021), el uso de la herramienta se extendió para posibilitar su aplicación sobre cualquier inmigrante indocumentado que no pudiera comprobar que había llegado al país hace más de dos años.
"Empecemos con un millón. (Cifra con la que) la vicepresidenta Kamala Harris ha fallado”, dijo a ABC News la semana pasada el compañero de fórmula de Trump, JD Vance, cuando fue cuestionado al respecto de cuántos migrantes indocumentados tienen planeado expulsar del país mediante la imposición de sus estrictas medidas.
Al inicio de su gestión como segunda mandataria del Gobierno de Joe Biden, en el 2021, a Harris le fue asignada la misión de trabajar en torno a las “causas fundamentales” de la migración de tres países centroamericanos, Guatemala, Honduras y El Salvador.
La vicepresidenta siguió una agenda que buscaba convencer a corporaciones multinacionales y macroempresas de Latinoamérica para invertir en la región, con el objetivo de que más plazas de trabajo fueran accesibles para la población local y que ello los disuadiera de emprender viajes para entrar ilegalmente a Estados Unidos.
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Pese a que su esfuerzo cosechó frutos al logar que reconocidas marcas, como Nestlé, Visa y Meta, apuesten por proyectos de desarrollo en esos países, sus avances en Centroamérica se vieron opacados por la creciente ola migratoria que comenzó a alcanzar históricos registros en 2022 que partía desde el Caribe y Sudamérica, principalmente de países como Haití y Venezuela.
Al lanzarse a la carrera presidencial en julio de este año, después de que el presidente Joe Biden se hiciera a un lado, en medio de cuestionamientos por su avanzada edad y un polémico desempeño en un debate contra Trump, Harris se comunicó con la organización de defensa y derechos civiles hispanos más grande de ese país, Unidos US.
“Con todas las llamadas telefónicas que hacía, se tomó el tiempo para llamar a la organización”, declaró Carmen Feliciano, vicepresidenta de políticas y promoción del ente. “Definitivamente demuestra que los latinos son una prioridad para ella y para su futura administración”.
SI bien Harris priorizó la comunicación con dicha organización al asumir la candidatura demócrata, a diferencia de Trump, aún no ha detallado cuál es el bosquejo de su plan para enfrentar la crisis migratoria que se extiende desde el Darién hasta Estados Unidos.
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“Sabemos, basándonos en dónde ha estado en el pasado, que sus políticas probablemente estarán alineadas con las políticas de UnidosUS”, declaró Feliciano.
Esta semana, Unidos US publicó su primer plan para controlar la migración irregular a lo largo de la frontera con México. La presidenta de la entidad, Janet Murguía, dijo que se debía aumentar la inversión en recursos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. para combatir la trata de personas y narcotráfico.
En adición, consideró que debían ampliarse las vías legales de acceso, dotar al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU. de más personal para dar abasto con el aumento del volumen de solicitudes de ingreso por parte de migrantes.