EDITORIAL
El resultado negativo de la apelación del Ecuador del laudo arbitral que ganó Chevron en 2018 era una derrota anunciada. La Corte de La Haya repitió dos años más tarde que la sentencia de la justicia ecuatoriana, que obligaba a pagar a Chevron 9.500 millones de dólares en reparación ambiental, no tenía validez en derecho internacional porque dicho fallo fue producto de un “fraude enorme y corrupto”. El primer laudo pintó en blanco y negro la ausencia del estado de derecho en Ecuador. Luego de examinar durante el primer juicio más de 500 documentos, la Corte de La Haya estableció que la sentencia no fue escrita por el juez Nicolás Zambrano, de Lago Agrio, pues después de un análisis forense se encontró en el mismo copias textuales de artículos del código norteamericano con “números, fórmulas, abreviaciones y secuencias imposibles de ser dictadas”, como había explicado el mencionado juez cuando se le preguntó sobre cómo elaboró la sentencia. “La dicté durante varios días a mi secretaria”, había dicho a los investigadores de La Haya. Tampoco pudo explicar cómo un magistrado de una población tan alejada, sin conocimientos de inglés avanzado, resultó ser versado en un código anglosajón y cómo lo vinculó a las leyes ecuatorianas.
La Corte llegó a la conclusión de que dicha sentencia fue redactada por otra persona, como en su momento ocurrió con una sentencia también írrita dictada en contra de diario El Universo y que fue ingresada por medio de un disco extraíble, con el nombre de Chuki7.
Chevron demandó el fraude procesal, pero ninguna de las estancias judiciales superiores realizó una investigación ni tampoco se procesó la denuncia en el Consejo de la Judicatura, presidido por Gustavo Jalkh. “Esto no fue por ignorancia. Estas cortes tuvieron suficiente información para juzgar el fraude”, opinó la Corte de La Haya. En realidad, la justicia respondía a los intereses del partido del expresidente Rafael Correa, quien, además, en 2013 involucró al Estado en la demanda con una campaña publicitaria denominada la “Mano Sucia de Chevron”, que según denuncias del actual gobierno costó 10 millones de dólares y buscaba ensalzar su imagen a nivel internacional.
Este laudo final obliga a Ecuador a pagar los millonarios costos jurídicos que incurrió en 11 años la defensa legal de Chevron, y deja a los pobladores de la Amazonia sin posibilidad alguna de una reparación ambiental.
¿Por qué Ecuador pudo ser víctima de un pirata de las leyes como Steven Donzinger, el abogado norteamericano que inició los procesos internacionales y que por las evidencias de su acción fraudulenta ha perdido en las cortes de su país su derecho a ejercer las leyes? La respuesta se encuentra en una agenda de notas del propio Dozinger. “Los jueces tienen un nivel básico, no cuentan con un conocimiento de la ley y la inmoralidad es parte de las reglas del juego”. Al menos, Dozinger es un paria jurídico, no podrá engañar a otros incautos, en tanto en nuestro país los autores de este fraude a la fe pública y esta afrenta a la moral del país, a nivel internacional, no han respondido por los daños.
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