El mito del libre acceso a la educación universitaria
Durante el debate presidencial del 2021, el entonces candidato Guillermo Lasso, mencionaba su propuesta de libre acceso a las universidades. Una vez siendo presidente, decidió matizar su discurso, proponiendo, en cambio, la transformación del Examen del Acceso a la Educación Superior (EAES), vigente con variaciones desde el 2012, hacia un examen llamado “Transformar” que medía competencias y habilidades. Luego de varios fallos en la plataforma digital del nuevo método, finalmente el Gobierno decidió la eliminación de cualquier forma de examen centralizado para el ingreso a la educación pública superior, regresando esta responsabilidad a cada una de las universidades. ¿Es la nueva estrategia el camino que nos acercará a democratizar el ingreso a las universidades?
Desde la creación de la Ley de Educación Superior en 1938, se ha venido debatiendo mecanismos para que cada vez más jóvenes puedan tener la oportunidad de estudiar en las universidades, independientemente de su nivel económico, género o etnia, para así poder profesionalizarse. De esa época, hasta inicios de la década de los setenta, el incremento de estudiantes estaba estrechamente relacionado con el aumento de nuevas universidades, según datos de la Universidad Andina Simón Bolívar. Quienes ingresaban a la universidad eran mayoritariamente estudiantes de colegios privados de los sectores urbanos, puesto que existía una enorme diferencia entre el conocimiento adquirido con las instituciones de bachillerato públicas, el cuál se reflejaba en las pruebas de acceso que cada institución tenía como requisito.
Esto motivó a una serie de manifestaciones, que llegaron a su clímax el 29 de mayo de 1969, cuando decenas de estudiantes fueron asesinados en Guayaquil, durante una fuerte protesta cuyo propósito era exigir la abolición de las pruebas de ingreso.
Luego de las demandas ciudadanas, la gran mayoría de universidades públicas eliminaron los exámenes de acceso por casi una década. Sin embargo, en 1978, durante el primer seminario de rectores de universidades y escuelas politécnicas, se concluía que la eliminación de las evaluaciones preingreso no había democratizado el acceso a la educación superior, puesto que el número jóvenes de los sectores populares aún seguía siendo insignificante, en proporción a los estudiantes de las clases económicas medias y altas. Se retomaron así las pruebas de ingreso, siendo responsabilidad de cada universidad el generar estos mecanismos. Así mismo, se crearon miles de institutos privados, donde los bachilleres pagaban por cursos de preparación para poder alcanzar mejores puntajes. Al ser cada prueba distinta, se debía invertir en varios cursos.
Este nuevo sistema solo logró aumentar la ya enorme brecha social: entre 1995 y 2006, mientras que la tasa de acceso del quintil más pobre subió apenas en un 5.7%, la del quintil más rico incrementó en un 154.7%.
A partir de ello, en el 2008, se creó el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión obligatorio, que incluía un curso propedéutico, que más adelante fue cambiado hacia el EAES. Dicho sistema logró aumentar la tasa de asistencia universitaria de los quintiles más pobres y de ingresos medios, aunque la brecha aún se mantiene. Así mismo, permitió el aumento de estudiantes de grupos étnicos vulnerables, especialmente de comunidades indígenas y afrodescendientes.
Revisando la historia, la decisión del Gobierno sobre este tema pareciese que no se rige en un análisis técnico, o incluso histórico, sino más bien desde una visión de la ideología política, que nada tiene que ver con la democratización del acceso a las universidades. Sin un fuerte trabajo desde la Senescyt (entidad que han planteado su eliminación), sumado a la decreciente inversión en el sistema público de educación superior, el Ecuador corre el grave riesgo de volver a sistemas aún menos incluyentes, en donde quienes menos tienen serán los más afectados.
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