Tras declarar a la minería ilegal como amenaza a la Seguridad Integral del Estado, varios frentes expresan su apoyo
Luego de que el 26 de enero el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, Cosepe, resolvió “Declarar a la minería ilegal y todas sus actividades conexas, como amenaza a la Seguridad Integral del Estado y para enfrentarla aprobar la estrategia definida por la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado.
Por ello, desde la Cámara de Minería del Ecuador (CME), se apoyó la decisión y declaración del Gobierno Nacional. María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la CME, señaló que “el verdadero enemigo de todos los ecuatorianos es la minería ilegal, que también es enemiga de la naturaleza, de la soberanía del país. La extracción ilícita de minerales no respeta al ser humano ni a la naturaleza, pues opera sin permiso alguno, no se sujeta a ninguna licencia ambiental y no ofrece trabajo formal” indicó mediante una rueda de prensa.
El Secretario de @SenasegEC, @diegoordonezg, anunció en rueda de prensa que el Cosepe resolvió: “Declarar a la minería ilegal y todas sus actividades conexas, como amenaza a la Seguridad Integral del Estado y para enfrentarla, aprobar la estrategia definida por la @SenasegEC. pic.twitter.com/wFIOWU9Ek4
— Sec Nacional de Seguridad Pública y del Estado (@SenasegEC) January 26, 2023
También mencionó que la extracción ilegal de minerales es un delito que afecta a todos los ecuatorianos, además, no aporta económicamente al país pues no paga impuestos ni cumple con obligaciones financieras y actúan sin control alguno de la autoridad ambiental y del agua, lo que perjudica directamente a los recursos naturales del país.
La minería a gran escala opera en el Ecuador desde hace 3 años, sus exportaciones durante ese periodo han representado alrededor de seis mil millones de dólares. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, en el 2022 el sector generó más de 185 mil plazas de trabajo (entre directo e indirecto) y generó una recaudación de 643 millones de dólares que incluyen impuestos sectoriales (patentes de conservación, regalías y utilidades mineras) y generales (tales como el impuesto a la renta o el IVA, entre todos) entre enero y octubre.
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Silva señaló que el sector minero espera que, con la decisión del Gobierno Nacional, “los grupos sociales que atacan a toda actividad minera -sin diferenciar lo estandarizado de lo ilegal- a que enfoquen sus esfuerzos en combatir al verdadero enemigo.
“Hay sectores que han señalado que hay que elegir entre el oro y el agua o entre la minería y la vida, y la agricultura o la minería, lo cual no es cierto. Hay ejemplos tanto en nuestro país como en el mundo de una minería responsable, respetuosa con el medio ambiente y aliada en la protección de las áreas en las que opera. El desarrollo de la industria minera no obstaculiza el progreso de otros sectores, en cambio, promueve economías locales y cadenas productivas” enfatiza la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador.
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