Entidades bancarias hacen frente al lavado de activos
La banca privada ejerce y cumple procesos, controles y análisis para el cumplimiento de la normativa ecuatoriana, así como políticas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de activos.
La lucha del sistema financiero privado en contra del lavado de activos es activa desde diferentes frentes. Para ello, existe un cumplimiento con la normativa nacional e internacional para la prevención de lavado de activos.
Así lo señala el informe de evaluación mutua de la República del Ecuador realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) al indicar que los sujetos obligados financieros (bancos) presentan un nivel más alto de comprensión de los riesgos de lavado de activos y una mayor madurez en la implementación de medidas de mitigación.
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Esta organización, intergubernamental de base regional, agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte y es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF por sus siglas en inglés), un organismo internacional reconocido y especializado en lavado de activos creado en París- Francia en 1989.
La Asobanca afirma que con ello se puede establecer estándares y promover la aplicación de medidas legales y regulatorias, destinadas para combatir el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) así como otras amenazas relacionadas con la integridad y la seguridad del sistema financiero internacional.
En ese sentido, los bancos, en aplicación de la normativa vigente, reportan periódicamente a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), aquellas operaciones o transacciones económicas que sobrepasan el umbral determinado en la norma, así como las operaciones inusuales, sospechosas o injustificadas, que salen del perfil transaccional regular del cliente.
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Además, proveen la información y documentación que tanto la Superintendencia de Bancos, la Fiscalía General del Estado, así como el Servicio de Rentas Internas (SRI) requieren como parte de las investigaciones de casos que se encuentren bajo su jurisdicción.
Por otro lado, la Asobanca afirma que aunque existe la emisión de un reporte, no son responsables ni conocen las acciones que las autoridades toman con base en la información que reportan y el resultado de estas. Es decir, que no están en conocimiento si las operaciones o acciones que reportan configuran o no como un hecho ilegal, dado que la UAFE y la Fiscalía consolidan toda la información del sistema y son quienes determinan si un hecho es sujeto de investigación o no.
Los reportes que realizan los bancos como parte de la colaboración con las entidades de control, son de carácter reservado y la UAFE no los hace públicos ya que podría interferir en las investigaciones que se están llevando a cabo por las autoridades competentes.
En el 2022, el número de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), constituido por operaciones o transacciones económicas inusuales e injustificadas, que son los movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas, que no guardan correspondencia con su perfil económico y financiero, sumaron 4.289, es decir, en promedio se realizaron 12 reportes diarios.
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